La decisión del Gobierno vasco de no renovar el servicio de atención jurídica a inmigrantes que prestaba Heldu protagonizó ayer un agrio debate en el seno de las Juntas Generales. Ezker Batua, PNV y el Grupo Mixto apoyaron el mantenimiento de un organismo «que contaba con 22 trabajadores y que, a partir de ahora, será sustituido por una línea telefónica y una cuenta de correo electrónico», criticó la juntera de EB Ana Tellería. Iniciativas similares se han llevado al Parlamento y a los ayuntamientos de las tres capitales vascas.

El servicio Heldu fue creado en 2002 por el entonces consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, para proporcionar asistencia jurídica a inmigrantes en situación irregular o riesgo de exclusión social. Se encargó la gestión del servicio a la empresa Estudios y Proyectos Jurídicos, que en ocho años de trabajo ha tramitado unos 34.000 expedientes. La nueva consejera, Gema Zabaleta, decidió en junio no renovar el contrato con la empresa.

Según información aportada por la juntera de EB, la atención jurídica a inmigrantes pasará a depender del servicio vasco de Integración y Convivencia Intercultural Biltzen, organismo que, a su juicio, «no está especializado en asuntos jurídicos». En este sentido, el departamento que dirige Zabaleta ha contratado hasta diciembre los servicios de un abogado externo para colaborar en la resolución de los 1.600 expedientes aún abiertos, tareas por las que percibirá 50.000 euros.

La atención directa prestada por Heldu será sustituida por «una línea de teléfono y una cuenta de correo electrónico», medios que Tellería consideró «insuficientes». Para EB, «no existe un proyecto sólido y responsable» que suponga una alternativa a Heldu, postura en la que le secundó el grupo nacionalista. El juntero socialista Josu Montalbán defendió que el servicio «no se ha suprimido, sino que se sustituye por un modelo diferente», afirmó que su grupo «apoya el asesoramiento jurídico a inmigrantes, pero no a la empresa que lo prestaba» y pidió «tiempo antes de valorar la eficacia del nuevo modelo».

Por otra parte, el diputado de Acción Social compareció para explicar los detalles del traspaso de la gestión del sistema de garantía de ingresos a Lanbide. Aburto dijo no gustarle que el Ejecutivo haya «asumido unilateralmente» competencias que eran de la Diputación.