E N las últimas semanas la decisión del gobierno francés de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos búlgaros y rumanos y repatriar a cerca de 9.000 de ellos ha suscitado una dura polémica. Diversas ONG, la Iglesia católica, el Parlamento europeo y hasta la Comisión Europea han reprobado firmemente la decisión. A la vicepresidenta de esta última Sarkozy respondió que su país, Luxemburgo, podía, si así lo deseaba, acoger a los gitanos expulsados.
Mientras se producía este rifirrafe, en los medios de comunicación y los foros de internet han podido leerse y escucharse opiniones extremadamente viscerales. Curiosamente, mientras en los primeros han predominado las críticas a la medida, en los segundos, en los foros, ha sido fácil encontrar a quienes la aplaudían e incluso a quienes iban más allá, exigiendo “mano dura contra los gitanos”. ¿Es esto señal de que, tras el velo de la retórica antirracista oficial, perduran entre buena parte de la población sentimientos de fobia contra aquéllos? Por desgracia, sí.

Entre los opositores a las repatriaciones algunos han llegado al extremo de acusar al ejecutivo francés de emular la política nazi. Supongo que resulta muy gratificante sentirse algo así como la reencarnación de Émile Zola y Bertolt Brecht, pero lo cierto es que la comparación carece de sentido. Los gitanos expulsados durante las últimas semanas no han sido conducidos en tren como ganado a un campo de exterminio. Han sido devueltos en avión con 300 euros cada uno a los países de donde son ciudadanos. No se les ha privado de su sustento ni se les han confiscado su casa y sus bienes. De hecho, les basta con tener un domicilio o un contrato de trabajo para no verse afectados por la medida. Hay que recordar que en Francia viven cerca de 400.000 gitanos y que los afectados por los procesos de expulsión no llegan, por el momento, a 10.000. Insistir en buscar similitudes entre su caso y el Holocausto nazi no sólo lleva a estigmatizar absurdamente la decisión de Sarkozy, sino que también banaliza el exterminio de millones de judíos, eslavos y, por cierto, también de centenares de miles de gitanos.

Dicho esto, tampoco se pueden obviar las dudas – muy legítimas – que suscitan las expulsiones ordenadas por el presidente francés. Hay una serie de campamentos ilegales. Muy bien, que se desmantelen. Muchos de sus moradores, aún siendo ciudadanos europeos, residen ilegalmente en Francia. De acuerdo. Pero al igual que cerca de un millón más de personas en toda la República. Es cierto que en los últimos años ésta ha expulsado a una media de 25.000 extranjeros ilegales al año, sin que se levantara tanta polémica, pero el hecho de que se priorice ahora la repatriación de los miembros de una etnia resulta muy preocupante. Una ley, sea cual sea, no puede aplicarse de diferente forma en función del sexo, la raza, la ideología o la religión de los afectados. Punto. Esto no significa que el gobierno francés deba cruzarse de brazos ante aquellos que, extranjeros o no, incumplen sus leyes (algo que, para mi perplejidad, han sugerido abiertamente algunas ONG). Pero concentrar su actuación en una minoría étnica va en contra del espíritu de las leyes galas.

Relativamente al margen de todo esto está el problema, muy serio, de un porcentaje, difícil de cuantificar pero demasiado importante, de los cerca de diez millones de gitanos que viven en la Unión Europea. Una población marginada, con ingresos muy por debajo de la media, altísimas tasas de analfabetismo, de paro y, lo que ello conlleva, de delincuencia. Abordar esta cuestión a partir de tópicos y reproches (bien del tipo: “No hacen nada por integrarse”, “Ellos son los primeros en ser racistas”, etc., o bien del tipo: “La igualdad de oportunidades es ficticia”, “Las políticas de integración buscan un genocidio solapado”, etc.) resulta muy cómodo, pero no soluciona nada. Y esta Europa en construcción no puede permitirse dilatar por más tiempo la puesta en marcha de una política común que ponga fin en un plazo realista de tiempo a una marginación sonrojante.