D ESDE hace unos meses, el Gobierno francés ha iniciado un proceso de expulsión de su territorio de personas de etnia gitana y nacionalidad rumana (por el momento, aproximadamente 8.000 personas), sin que hayan cometido ningún delito probado ante los tribunales.
El Partido Socialista francés, entre otras formaciones, ha criticado esta medida por considerarla xenófoba, populista e inútil, pues ya no existen fronteras entre los Estados miembros de la Unión Europea (en adelante, UE) y, en consecuencia, podrán volver cuando lo estimen oportuno.

Sin embargo, no quiero centrarme en la política interna francesa, sino en lo que como navarros y españoles nos concierne, lo europeo; más en concreto, en nuestros derechos como ciudadanos europeos. En una apretada síntesis, se podría afirmar que si por algo se ha caracterizado históricamente el movimiento constitucionalista ha sido por la lucha contra la arbitrariedad en el ejercicio del poder y por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.

Así pues, en la actualidad, el mínimo común denominador entre las distintas sensibilidades políticas en el marco constitucional reside en una organización democrática del poder y en el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Posteriormente en el tiempo, distintos Estados europeos decidieron que la paz y la prosperidad social y económica en Europa sólo se alcanzarían definitivamente poniendo en común distintas políticas y, para ello, crearon las Comunidades Europeas, hoy UE. La lógica constitucionalista también se ha trasladado a la UE mediante la elección popular del Parlamento Europeo y el reconocimiento de derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos europeos. En relación a esto último, la ratificación del Tratado de Lisboa conllevó la entrada en vigor la Carta de los Derechos fundamentales de la UE que vincula a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros cuando aplican el derecho comunitario.

La política de expulsión de los gitanos establecida por Sarkozy, además de vulnerar la Constitución francesa, con la involución que ello conlleva, supone un claro atentado contra varios de los derechos fundamentales europeos como son: la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la no discriminación o la prohibición de expulsiones colectivas. Si es lamentable la actitud del ejecutivo francés, también lo es la del presidente de la Comisión Europea, el conservador Sr. Barroso, dado que, por el momento, no ha actuado con la firmeza que, a mi modo de ver, requiere el caso. Por el contrario, el Parlamento Europeo sí ha condenado las deportaciones masivas en Francia, salvo el PP europeo y, por ende, también los eurodiputados españoles conservadores. De lo anterior se desprenden varias cuestiones, pero fundamentalmente quiero centrarme en dos:

En primer lugar, la preocupante deriva política de la derecha europea que, para conseguir votos, es capaz de vulnerar los derechos más elementales de los ciudadanos. Hoy son los gitanos y mañana quién sabe. Siempre he creído que la política es un instrumento para solucionar los problemas, no para generar más o para esconderlos. En mi opinión, son las diferencias económicas y sociales las que en mayor medida generan problemas en nuestra sociedad; sólo mediante políticas sociales que tengan una especial sensibilidad hacia los más desfavorecidos se conseguirá una sociedad más justa y, porque no decirlo, también más segura y feliz.

En segundo lugar, resulta alarmante el enorme descrédito e ineficacia que sufre la UE, dado que no es capaz de hacer respetar sus propias normas, en este caso concreto, las normas que protegen los derechos fundamentales. La mayoría conservadora en Europa está poniendo en claro peligro el futuro de la UE. Si los europeos deseamos mantener nuestro bienestar social en un mundo globalizado y competitivo, sólo lo podremos hacer mediante una UE fuerte, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos europeos.