El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales contrató ayer, de forma provisional, al abogado José Zarauz para colaborar con la Dirección de Inmigración en las tareas de asesoramiento socio-jurídico a extranjeros indocumentados. Percibirá 49.560 euros hasta finales de año.

Zarauz, entre otros estudios, posee un máster en Inmigración y es especialista en derecho administrativo de extranjería. Suyas son varias publicaciones sobre la situación de los ciudadanos foráneos indocumentados.

En julio de este año, la Consejería de Gemma Zabaleta anunció que no renovaría el servicio Heldu, creado en 2002 por el anterior titular de Asuntos Sociales, Javier Madrazo (EB-IU), y prestado por la empresa Estudios y Proyectos Jurídicos. A su juicio, su coste cercano al millón de euros anual era «excesivo» y suponía duplicar funciones con otras entidades como los servicios sociales de base, oenegés o la propia Dirección de Inmigración. Además, Heldu no viene contemplado en el catálogo de prestaciones sociales aprobado por el Parlamento en 2008.

Zabaleta comunicó que serían los propios funcionarios de Inmigración los que asumirían de forma transitoria los aproximadamente 34.000 expedientes gestionados por Heldu en sus ocho años de vida. Ahora, ha decidido reforzar ese servicio con personal jurídico externo, que colaborará con el Gobierno vasco hasta el 31 de diciembre de este año. Está previsto que en octubre la propia consejera explique cómo se atenderá a los indocumentados a partir de enero.

El cierre de Heldu no sentó nada bien en oenegés como SOS Racismo y sindicatos como CCOO, que reclamaron una atención integral y personalizada para extranjeros con problemas legales en España. Estos colectivos recibieron el apoyo de los partidos que conformaban el anterior Ejecutivo PNV, EA y EB, a los que se sumó Aralar.

Precisamente estas cuatro formaciones han registrado ya una iniciativa en la Cámara vasca para que Zabaleta rectifique y reabra Heldu. «Establece un procedimiento individualizado con cada inmigrante y le ofrece un asesoramiento jurídico especializado a fin de poder regularizar su situación, acceder al mercado laboral y evitar situaciones de dependencia», apuntan.

Añaden que la desaparición de Heldu «deja en la más absoluta desprotección a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en unos momentos de crisis económica», lo cual los condena a la «exclusión social». UPyD también reclama atención «integral» para este colectivo.

Antes de la clausura de la asesoría Heldu, y en plena época de ajustes presupuestarios, Empleo y Asuntos Sociales decidió igualmente no abonar la renta de garantía de ingresos el salario de quienes no tienen recursos a los jóvenes que abandonan los centros de acogida para menores, la mayoría de los cuales son extranjeros. Zabaleta alegó entonces que no era momento de extender derechos sino de consolidar los ya existentes.