El embajador de Francia en España, Bruno Delaye, ha recordado a las asociaciones gitanas españolas que la libertad “no es absoluta” y que conlleva “adaptaciones y restricciones, en particular, la obligación de respetar las leyes vigentes”.

En respuesta a otra carta que el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya envió al embajador, Delaye garantiza en su misiva que “las medidas de desalojo de los campamentos ilícitos presentes en el territorio francés no son de carácter discriminatorio”.

En opinión del embajador galo, no existe un “problema gitano” sino “ciudadanos europeos más desfavorecidos que los demás” y que se enfrentan a “dificultades de inserción y que merecen una atención particular”. “Ello es responsabilidad de todos y la cooperación debe ser la piedra angular de la ayuda que debemos aportarle”, subraya Delaye.

Tras destacar que Francia “está totalmente comprometida con el respeto de la libertad de movimiento”, que constituye “para nuestros pueblos ¿dice – – un logro capital de la construcción europea”, el embajador francés afirma que los desalojos “no ponen en tela de juicio una libertad que no es absoluta”.

Una “ayuda específica”

Bruno Delaye recuerda en su misiva que los ciudadanos extranjeros, “incluidos los de nacionalidad búlgara y rumana”, que se encuentran en situación de “desamparo y gran precariedad y que desean regresar a su país de origen disponen, además, de una ayuda humanitaria gestionada por la Oficina Francesa de Inmigración y de Integración”.

Para José Santos Silva, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, ese “deseo” supone una de las “curiosidades” que aporta la carta del embajador de Francia en España.

A juicio de Bruno Delaye, esa “ayuda específica” puede “completarse in situ con una ayuda más consecuente para favorecer la inserción social y profesional de dichas personas”. Un “dispositivo voluntario que no implica una decisión de alejamiento previa”, recalca.

El embajador francés recuerda también que se ha decidido establecer “una acción de cooperación reforzada con las autoridades de origen (búlgaras y rumanas) para luchar contra todos los tipos de tráfico y para posibilitar el regreso en las mejores condiciones posibles”.