Las diligencias judiciales por delito incoadas en el año 2009 han descendido un 1,39 por ciento en la provincia de Castellón. Un buen dato que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado hecha pública ayer pero, por otro lado, alerta de la instalación en la provincia de grupos organizados de delincuencia que hasta la fecha no habían tenido un protagonismo destacado. Es la Fiscalía Provincial de Castellón la que avisa de esta tendencia. «La Fiscalía señala que la delincuencia organizada sigue estando poco desarrollada en la provincia, aunque se observa un desarrollo incipiente de este fenómeno», recoge el documento.

Asimismo, el Ministerio Público concreta que este nacimiento de la delincuencia organizada en Castellón se centra en dos tipos. La primera, en materia de falsificación y distribución de tarjetas de crédito. De hecho, son muchas las detenciones que en este sentido se han venido realizando desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El segundo delito preferido de las bandas organizadas es el tráfico de drogas o los delitos contra la salud pública. La Fiscalía advierte en este sentido que se ha incrementado «considerablemente» el número de procedimientos incoados en relación con esta actividad delictiva. Y no es para menos, a lo largo del pasado año se han abierto 317 procedimientos por tráfico de drogas, más del doble que el pasado año. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, el aumento se fija en un 117%, siendo los 317 casos la cifra más alta alcanzada en la provincia.

Pero este incremento también tiene otra explicación. El informe anual atribuye el paso de 146 asuntos a los 317 del último año a la creación de un delegado específico en este tipo de delitos en Castellón.

Menores «más complejos»

Por otro lado, la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Castellón ha trasladado que, frente al tipo de menores que tradicionalmente eran atendidos en los centros de protección, «que en su mayoría eran menores inmersos en una situación carencial y de falta de recursos», se ha pasado «a menores con una problemática más compleja tanto a nivel psicosocial como conductual, lo que ha dificultado enormemente la intervención con éstos y con el resto de menores al producirse una dinámica en la convivencia muy perjudicial para todos». Por todo ello, esta Sección ha expuesto la necesidad de evitar «la mezcla de menores con problemas de conducta con otros que presentan patologías psiquiátricas, pues de esta forma se impide que el centro cumpla adecuadamente los objetivos de su proyecto educativo».

En cuanto a los menores extranjeros, la Fiscalía de Castellón reclama también la creación de centros de emancipación (previstos en la orden de 19 de junio de 2003 de la Conselleria de Bienestar Social) para atender a menores entre 16 y 23 años «que hayan salido de instituciones de acogimiento, con el objeto de iniciar un proceso de desinternamiento gradual para obtener su autonomía e integración social o de favorecer su plena autonomía personal, social y laboral».

Por último, la memoria destaca también el aumento de casos de pornografía infantil «derivado del aumento en el número de investigaciones a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».