La criminalidad en la provincia de Valencia ha subido durante el último año un 1,3%. Un incremento escaso, positivo incluso si se compara con los crecimientos de otros años de la década. O si el espejo en el que mirarse es la media nacional, donde el repunte ha sido del 1,5%. Castellón y Alicante, en cambio, experimentaron un ligero descenso del número de diligencias incoadas, del 1,34% y del 1,92% respectivamente.

Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2009, que se hizo pública ayer con ocasión del acto de apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo y presidido por el Rey.

Respecto a los procedimientos relacionados con el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía recoge el gran aumento de las incautaciones de ‘speed’ en España, con 148 kilogramos frente al descenso generalizado del resto de sustancias. No obstante, la cantidad de ‘speed’ decomisada es insignificante comparada con el resto de drogas. También el número de procedimientos por este delito se ha incrementado. La Comunitat encabeza el ránking (2.868) tras Andalucía y Canarias.

Otra cuestión que preocupa a la Fiscalía son los menores inmigrantes no acompañados. España expulsó en 2009 a un total de once niños extranjeros que estaban en el país sin compañía de un adulto. De ellos, ocho eran rumanos, dos colombianos y uno ucraniano, según recoge la memoria. El 40% de estos procesos se registró en la provincia de Valencia.

También la Fiscalía valenciana mantuvo durante el pasado año, la aplicación del protocolo de determinación de la edad que puso en marcha tras detectar que un gran número de adultos se hacían pasar por menores para estar en los centros de protección de Bienestar Social. Sin embargo, desde la FGE insisten en que estos protocolos deberán reflejarse «de manera unificada» para todo el territorio y terminar así con la descoordinación reinante.

El documento de la Fiscalía General recoge una propuesta que parte directamente de Valencia. Se trata de una modificación del delito de abandono de familia, ya que se considera que el absentismo escolar y el derecho a la educación exigen un tipo penal autónomo que contemple la actuación de los padres o tutores. En este sentido, más de un centenar de padres han sido ya denunciados por no cumplir con sus obligaciones.

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, durante su presentación verano de la memoria, comentó la creciente petición de indulto de mujeres cuyos maridos han sido condenados por malos tratos. En la mayoría de los casos hacen referencia a la orden de alejamiento.

La Fiscalía General del Estado sugirió ayer otra medida más para luchar contra la violencia de género. La institución propone modificar la ley para impedir que las mujeres maltratadas por sus parejas que denuncian al agresor se acojan después al derecho a no declarar contra él durante el juicio. Esta posibilidad se ha convertido en una «auténtica vía de escape» para los maltratadores y «frecuentísima» causa de sentencias absolutorias que no deberían serlo

Gisbert recordó en su día que sigue siendo elevado el número de menores que cometen infracciones penales que quedan sin castigo al no haber cumplido los 14 años de edad. La postura de la fiscal jefe es rebajar la edad penal para que estos delitos.