Cuando ya era líder del PSC pero aún ejercía de alcalde de Cornellá, Montilla explicaba en privado el pragmatismo con el que su ayuntamiento se enfrentaba a la inmigración ilegal, sobre todo musulmana, creciente en ese populoso municipio barcelonés. Utilizando los medios coercitivos de la policía a su mando, sin levantar polvo y sin necesidad de nuevas ordenanzas, Montilla resolvía por la vía de los hechos un fenómeno que sus convecinos consideraban muy incómodo ya entonces. E ironizaba sobre quienes abordaban el asunto con la estéril herramienta de la candidez.

Años más tarde, en Vic, los socialistas catalanes y CiU estuvieron a punto de limitar el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles, en clara competencia con un movimiento de carácter rabiosamente xenófobo. Bien, la tournée de la presidenta del PP catalán por los barrios de Badalona a la búsqueda de gitanos rumanos molestos y las declaraciones de unos de sus munícipes tienen rasgos cuasi esperpénticos, pero de ahí a tildarlos de racistas media un largo trecho que no deberían salvar quienes cuentan en su currículum inmediato con antecedentes poco edificantes.

Pero el PP puede equivocarse al menos en dos aspectos. En primer lugar, el problema que plantean los gitanos rumanos es distinto al de la inmigración ilegal y no conviene meterlos en el mismo saco. En el caso de los primeros, lo que está en causa es la libertad de movimientos de ciudadanos de la UE dentro de los límites de la Unión. Están sujetos a las leyes, por supuesto; pero a las mismas que los demás residentes comunitarios. El partido corre además el riesgo de que se le vaya de la mano un tema muy sensible en el que las percepciones de los ciudadanos proceden más de las tripas que de la cabeza y en el que las emociones se pueden salir de madre al menor chispazo.