EL Parlamento Europeo vivió la semana pasada en Estrasburgo el primer ensayo de lo que se ha dado en llamar Debate sobre el estado de la Unión, que vive otro de sus momentos clave. En un mundo globalizado, que acaba de sufrir la peor crisis financiera por extensión y profundidad de la historia de los mercados y con potencias emergentes que buscan su papel en el concierto mundial, la Unión Europea enfrenta un reto que debería transformar en oportunidad. La radiografía que dibujaron las casi tres horas de debate al menos señala los pasos dados en la buena dirección y denuncia el egoísmo cortoplacista de algunos Estados que pueden arruinar una unión que deberíamos considerar imprescindible.

Esa actitud lastra, por ejemplo, la Política Exterior y de Seguridad Común. Europa, como Unión, carece de espacio propio en organismos como las Naciones Unidas y depende de decisiones puntuales para participar en cumbres decisivas. Esto ya ha ocurrido en asuntos tan importantes como las ayudas a Pakistán o las negociaciones de paz de Oriente Medio y puede volver a ocurrir este mismo mes. Europa no ha conseguido aún cicatrizar las heridas que produjo la famosa foto de las Azores, el apoyo de Aznar o Gran Bretaña a la invasión de Irak y la dañina doctrina de la guerra preventiva. Profundas diferencias separan en política exterior a los principales Estados europeos y no hay liderazgo que permita reconducirlas.

Las turbulencias de la crisis, sin embargo, han convertido en estos meses la necesidad en virtud. Se ha puesto cierto orden en la finanzas de los Estados de la Unión, establecido un mecanismo de rescate para miembros en apuros y disponemos de un primer instrumento de gobernanza y supervisión financiera destinado a evitar sorpresas contables y prevenir conductas como las que han ocasionado esta crisis.

Se trata, en definitiva, de certificar la salud del sistema y detectar y prevenir los riesgos. Han sido necesarios casi doce meses de duras negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión que han acabado con el acuerdo firmado la pasada semana. Han sido decisivas la necesidad y los buenos oficios del presidente permanente, el sigiloso Van Rompuy, para vencer las resistencias de algunos Estados que han hecho gala del localismo más estrecho de miras que se pueda imaginar.

Al final, se ha conseguido salvar la independencia del órgano (la Comisión de Riesgo Sistémico) más importante colocando en su presidencia al titular el Banco Central Europeo. La batalla se ha ganado no sólo a algunos Estados sino también a grandes corporaciones bancarias y otorga al BCE una extraordinaria responsabilidad. Ahora hay que demostrar con hechos a la gente que el esfuerzo sirve para algo concreto y tangible.

En este ámbito de la economía son imprescindibles las soluciones y actuaciones globales en el ámbito del control y la supervisión y también en los acuerdos con países terceros. Pero es otra materia en la que la integración de la dimensión no sólo estatal, sino regional, se hace imprescindible si se pretende de verdad que Europa se coloque en cabeza del emprendimiento y la innovación.

Hay sectores de actividad en Europa que compiten con éxito en el mercado global. La eficiencia de ese tejido productivo coincide normalmente con la capacidad de sus profesionales, la formación, formulas empresariales específicas y políticas públicas regionales de promoción e innovación que conocen la realidad productiva, se preocupan e intervienen en estrecha colaboración con el sector privado. Europa desperdicia, por el egoísmo y el miedo de muchos de sus Estados a ceder protagonismo a sus regiones, grandes oportunidades y mucho conocimiento al no integrar estas experiencias en su acervo institucional pese a que es práctico e integra, ayuda, a construir un proyecto tan complejo como el europeo, de abajo hacia arriba.

Y aquí arranca la otra gran carencia del proceso de construcción europea en el que la opacidad, el secretismo, y los apaños sin luz ni taquígrafos potencian esa imagen de lejanía que tanto preocupa a las autoridades comunitarias.

Los Estados, representados en el Consejo, y la Comisión en la que la euroburocracia sienta sus reales, se resisten a aceptar que un nuevo actor, el Parlamento, dispone ahora de competencias y poder que añaden luz y transparencia a negociaciones marcadas antes por la oscuridad.

En ese sentido, es una buena noticia, un motivo para la esperanza, la censura del Parlamento, cuya fuerza mayoritaria es el PP europeo, al proceso de expulsión de gitanos en Francia. Significa que empieza a vislumbrarse en Europa algo parecido a la separación de poderes. Y hay que profundizar en esta vía aclarando definitivamente los papeles del Consejo, Presidencia Permanente y rotatorias y Comisión, algo a lo que eliminar la figura de las presidencias semestrales contribuiría mucho.

En este ámbito de la transparencia, Europa necesita acercarse mucho más a la ciudadanía. Está en marcha la tramitación de la Iniciativa Ciudadana Europea, que arranca con un procedimiento tan exigente y complejo que limita. Hay que reformar las habituales consultas públicas que realiza la Comisión cuando emprende alguna iniciativa de calado. Las cifras de participación demuestran que se puede mejorar mucho. Y, por supuesto, hay que resolver con más decisión el encaje de las regiones en Europa. Son instituciones que sienten cerca los ciudadanos y un vehículo extraordinario para que las opiniones e inquietudes de estos lleguen adecuadamente hasta las Instituciones Europeas. Estas son las ideas que traté de resumir, en un minuto, en mi intervención en el Parlamento Europeo.

“lA Eurocámara sienta a Francia en el banquillo por expulsar a los gitanos”, leíamos con estupor en un periódico, y no acabamos de admitir esa orden de expulsión de los campamentos de Francia dictada por el pequeño Napoleón Nicolas Sarkozy. Tanto el presidente francés como su homólogo en Italia, Silvio Berlusconi, se han acreditado con todos los deshonores la fama de perseguidores o ejecutores con modos dictatoriales de azotes de los gitanos. Ni el uno ni el otro tienen razones serias para decretar por sí mismos la expulsión de unos ciudadanos de la Unión Europea, mal que les pese, a los gitanos de sus territorios y declararlos enemigos de su nación de acogida.

Un editorial de un importante periódico español daba estos datos reveladores y negativos de la medida del presidente francés: “La expulsión de los gitanos ordenada por Nicolás Sarkozy, más de 8.000 en lo que va de año, además de atentar contra la Constitución francesa, violenta media docena de artículos de la nueva Carta Europea de Derechos. Muy directamente el 19, por el cual se prohiben las expulsiones colectivas; el 22, que ordena respetar la diversidad cultural, y el 45, que defiende el derecho a la libre circulación y residencia”. Y la Carta, proseguía el editorial, no obliga únicamente a las instituciones comunitarias, sino también “a los estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión”.

Sarkozy y Berlusconi, paladines de esta neo cruzada de persecución de la etnia gitana, ¿desconocen esos artículos de la Carta Europea de Derechos? ¿O han tenido el atrevimiento y el desplante gestual de saltarse a la torera semejante normativa de la Carta y alinearse en las filas de los patriotas exaltados que ven en los gitanos un peligro para la seguridad y la estabilidad de sus conciudadanos? Tanto il cavaliere como el Napoleón de Neully (un día alcalde de esa burguesa ciudad) se caracterizan por constituirse y modelarse como dos defensores de la ciudadanía francesa, el uno, y de la italiana, el otro, y aceptar en las próximas elecciones el voto agradecido de sus admiradores y partidarios de sus medidas racistas.

¿Le importa a Sarkozy que por su arbitraria medida de expulsión sea “responsable de atentar contra su propia ley y hundir el prestigio de su historia como país paladín de las libertades”, según lo considera y destaca el editorial del periódico español y de otros periódicos? Nos tememos que no sea así y que su ministro francés de Inmigración, Eric Besson, asegurase en el Parlamento Europeo que “se trata a todo el mundo por igual y que no está centrado en ningún grupo. Considero alentadoras estas palabras”, añadió. Si su ministro de Inmigración ha interiorizado esta convicción patriótica es que se hace eco y asume su negativa responsabilidad en la ejecución de la expulsión de los gitanos rumanos por su inefable presidente. Díganme si esta defensa del encumbrado señor Besson no es una fina muestra de racismo y de intolerancia.

¿Y cómo ha reaccionado ante semejante medida del más oscuro anacronismo en la historia del racismo desde las cazas de brujas en el Medievo hasta el Holocausto hitleriano contra los judíos y gitanos el Parlamento Europeo? “El Parlamento Europeo colocó el martes 7 de septiembre en la picota a Francia y Nicolas Sarkozy por la repatriación de miles de gitanos rumanos y búlgaros en un tenso debate en el que se calificó de escandalosa y ridícula la actitud de José Manuel Durao Barroso y de la comisión por su aparente pusilanimidad y por no condenar por ilegales y contrarias a derecho comunitario las decisiones de París”, manifestaba con énfasis la crónica de Ricardo Martínez Rituerto desde Estrasburgo. Producen vergüenza propia y ajena, desde hace tiempo, las declaraciones de este representante del oportunismo y de la no adhesión a la definición de sus convicciones en materia de derechos de este señor Barroso, quien en esta ocasión debiera haberse pronunciado en contra de su amigo francés como del italiano en su día, pero que se ha limitado, con su actitud de no comprometerse a nada a decir: “O actuamos juntos o ellos se moverán sin Europa”.

Más decidido y tajante fue el representante de los socialistas Hannes Swoboda al declarar: “Es escandaloso. Barroso no ha aludido a ello y usted ni siquiera nos dice si Francia ha violado la ley. Luego vendrán Italia y Hungría y les encerrarán en campos”. Y el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt: “Lo que pasa en Francia es inaceptable, pero desgraciadamente no es un caso aislado. Varios gobiernos están cediendo a la tentación del populismo y la xenofobia”. No hay necesidad de aducir más testimonios o declaraciones en favor de la etnia gitana y en descrédito de la arbitrariedad de las decisiones de Sarkozy y de Berlusconi. Estos señores son un paradigma de la anulación del derecho a circular y a vivir con un futuro mejor de millones de gitanos que, por ser tales, y nada más, están ya marcados como peligrosos para ellos y sus ciudadanos. Ellos dos han dictado y ejecutado sin demora una medida que, quizá, consideren “ilegal pero legítima”, y no un atropello a los derechos de una etnia discriminada.