El elevado tono del cruce de mensajes entre el presidente de Francia y la comisaria de Justicia se superpuso ayer, en la reunión del Consejo Europeo, al propio problema que lo motivó, la expulsión de territorio francés de gitanos húngaros y búlgaros. La orden del Ministerio del Interior galo a su policía para desmantelar campamentos ilegales, especialmente de «gitanos», y la deportación remunerada de éstos hacia sus países de origen confunden el asentamiento irregular – que precisaría de una respuesta administrativa particular – con los imponderables de la libre circulación de ciudadanos de la Unión y la inmigración ilegal de no comunitarios que pudieron instalarse en dichos campamentos. Sarkozy advirtió ayer de que su Gobierno proseguirá desmantelando los asentamientos irregulares, pero debe exigírsele que se atenga en todo momento a la legislación francesa y a los principios y directivas que rigen para el conjunto de los europeos. Los tribunales de Francia y de la UE deberán aclarar si lo actuado se ajusta a la legalidad. La escalada verbal protagonizada por Viviane Reding – estableciendo una comparación inadmisible con las deportaciones nazis – y el presidente galo – invitando a la comisaria a que acoja a los expulsados en su Luxemburgo natal – no debería servir para esquivar un problema que es de Francia y de todos los socios de la UE, España incluida. Ni Sarkozy puede enrocarse en la dignidad herida de los franceses por la comisaria, ni las instituciones de la Unión pueden eludir su obligación de velar de manera efectiva por los derechos y libertades en Europa. De igual modo que Rumanía y Bulgaria deben asumir su propia responsabilidad.