La ONU interroga a España sobre los menores inmigrantes

Save the Children señala que existen cuatro grupos de niños muy vulnerables

La Vanguardia, , 16-09-2010

BARCELONA – Redacción y agencias
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño preguntó ayer en Ginebra a una delegación española por las medidas que ha adoptado para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados. El embajador ante la ONU en Ginebra, Javier Garrigues, y representantes de departamentos ministeriales, respondieron a las preguntas de los 18 expertos internacionales que forman el comité acerca del cumplimiento por España de sus obligaciones sobre la Convención del Niño que ratificó hace 20 años.

España ya había ofrecido explicaciones por escrito a dicho comité sobre los menores inmigrantes y en concreto se había referido a los acuerdos existentes sobre esta materia con Marruecos y Senegal. Los expertos del comité también se interesaron por los efectos de la descentralización político-administrativa en España en la protección de los menores. Los representantes españoles defendieron la coordinación entre las comunidades y expusieron que, entre las modificaciones introducidas en la reciente reforma del Código Penal, se ha endurecido la respuesta penal ante los delitos de naturaleza sexual contra los niños. Además se ha tipificado el delito de “ciberacoso sexual a menores”, se ha ampliado el ámbito del delito de pornografía infantil y se prevé la medida de libertad vigilada para los delincuentes sexuales objetivamente peligrosos. El comité emitirá sus nuevas recomendaciones el próximo 1 de octubre.

Varias oenegés han aportado informaciones, entre ellas Save the Children, quien destacó los avances registrados por España. No obstante, esta oenegé insistió en que hay cuatro grupos muy vulnerables: los menores extranjeros no acompañados; las víctimas de la explotación sexual; las víctimas de abuso sexual (“es necesario promover vías claras de denuncia que permitan detectar a los niños que sufren estos abusos”) y las víctimas de la violencia de género (“la ley reconoce los efectos pero no especifica medidas para atenderlos”).

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