El ataque lanzado el martes por la comisaria Viviane Reding contra el Gobierno francés, en el que calificó de “vergüenza” la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros y la comparó con las deportaciones nazis, abrió ayer una insólita bronca en la UE. Nicolas Sarkozy sugirió a la comisaria que acoja a los roms en Luxemburgo, y el Gobierno luxemburgués, a su vez, llamó “malintencionado” al presidente francés.

La escalada verbal entre París y Bruselas a propósito de la campaña de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros – roms-por parte de Francia ha acabado desbordando los amortiguados cauces de la diplomacia para inundar el áspero terreno de la bronca política. En víspera del Consejo Europeo extraordinario que reunirá hoy en la capital comunitaria a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, la tensión entre el Ejecutivo francés y la Comisión Europea alcanzó ayer su nivel máximo. El detonante ha sido el duro ataque lanzado contra Francia por la comisaria europea de Justicia y Derechos Humanos, la luxemburguesa Viviane Reding, quien calificó de “vergüenza” la política de expulsiones de roms y realizó una exagerada – es lo menos que cabe decir-comparación entre la repatriación de los gitanos a sus países de origen y las deportaciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial hacia los campos de exterminio.

La indignación, la ira incluso, eran ayer palpables en el Gobierno francés y en la mayoría gubernamental, que no entienden ni aceptan que Francia se haya convertido en un apestado internacional. La irritación era tal que el propio Nicolas Sarkozy se enredó personalmente en la trifulca y, en una reunión con senadores de la UMP en el Elíseo, sugirió a Reding que si tanto le molesta la expulsión de los roms,los acoja en Luxemburgo. El ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, respondió inmediatamente acusando al presidente francés de hacer una amalgama “malintencionada”.

Sarkozy hizo este comentario en el transcurso de un almuerzo privado, por lo que no consta la textualidad de sus palabras, sólo el relato – coincidente-de algunos de los asistentes. “[El presidente] ha explicado que nuestra política es la buena y que es escandaloso que Europa se exprese de esta forma sobre lo que hace Francia. Ha dicho que no hacía más que aplicar los reglamentos europeos y las leyes francesas, y que no había nada que reprochar a Francia en la materia, pero que si los luxemburgueses deseaban quedárselos [ a los roms]no había ningún problema”, relató el senador Bruno Sido. Algo parecido interpretó su colega Michel Houel: “Nosotros estaríamos encantados si Luxemburgo pudiera acoger también a algunos roms…No es exactamente lo que ha dicho, pero era lo que quería decir”, explicó.

Antes de que Sarkozy hiciera subir bruscamente el termómetro, el Elíseo había intentado atemperar el clima. Tras calificar de inaceptables las palabras de la comisaria Reding, un portavoz de la presidencia de la República había abogado por promover un “diálogo sosegado” y por evitar “polémicas estériles”. Pero el ambiente en París era muy otro. El ministro de Inmigración, Eric Besson, acusó a Viviane Reding de “haber patinado”, mientras su homólogo de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, clamaba contra las palabras de la comisaria: “La paciencia tiene sus límites. No es así como se dirige uno hacia un gran Estado, hacia un miembro fundador de la Unión Europea”, declaró en la radio. Hombre inteligente y ponderado, dotado de una brillante y mordaz ironía, Lellouche apenas podía contener ayer su irritación en un almuerzo con corresponsales europeos.

En este pulso, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, salió en defensa de la comisaria de Justicia. Tras considerar que algunas de sus palabras podían haber dado lugar a algún “malentendido” – en alusión a las comparaciones con la II Guerra Mundial-,Barroso subrayó que la postura expresada por Reding es la de toda la Comisión. Bruselas considera que París ha vulnerado la directiva europea sobre libre circulación, por lo que ha decidido abrir un expediente sancionador.

El Gobierno francés replica que ha respetado escrupulosamente la legislación europea y la francesa. El desmantelamiento de los campamentos ilegales de los gitanos se hace tras una decisión judicial y sólo son expulsados del país aquellos que se encuentran en situación irregular – esto es, todo aquel que pese a ser ciudadano europeo lleve más de tres meses en territorio francés sin poder acreditar medios de subsistencia-o se acogen al retorno “voluntario” propuesto por el Gobierno francés. A los expulsados se les paga el billete de avión y una ayuda de 300 euros por adulto y 100 por niño.

El problema es que París ha alegado que nunca ha utilizado como criterio la pertenencia o no de los ciudadanos rumanos y búlgaros expulsados a una determinada etnia – en este caso, la gitana-,pero el contenido de una circular oficial del Ministerio del Interior del pasado 5 de agosto demuestra todo lo contrario.