Al día siguiente de que el Ejército mexicano descubriera el asesinato de 72 inmigrantes en un rancho de Tamaulipas, el Gobierno de Felipe Calderón decidió destituir a Cecilia Romero, la responsable del Instituto Nacional de Migración. La tragedia no era más que la dolorosa culminación de una política de indolencia hacia los centroamericanos que cruzan México en su ruta hacia Estados Unidos.

El Ejecutivo entendió que Romero tenía que dejar su puesto para dejar patente que el Gobierno mexicano está dispuesto a implicarse en la construcción de un corredor de seguridad para que los migrantes no sean atacados por el crimen organizado.

De eso hace ya tres semanas. Las mismas que Cecilia Romero ha permanecido agarrada a su sillón, movilizando al ala más conservadora del Partido de Acción Nacional (PAN). El martes, el Gobierno logró la renuncia de Romero, que aún tendrá que ir al Senado de la República para defender su gestión.