Una semana después de ser vapuleada por el Parlamento Europeo por su pasividad, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, anunció ayer que propondrá abrir en el plazo de dos semanas un expediente por violación de derecho comunitario contra el Gobierno francés debido a su comportamiento «discriminatorio» contra ciudadanos de la Unión Europea (UE) en las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros.

Francia reaccionó con «sorpresa» al anuncio, pero con contención. El Gobierno midió sus palabras para no alimentar más la pugna entre París y Bruselas. A diferencia del pasado viernes, cuando respondió con virulencia a la resolución de la Eurocámara que pedía la «suspensión inmediata» de las expulsiones de gitanos, ayer optó en un primer momento por intentar rebajar la tensión, aunque con el paso de las horas las declaraciones fueron subiendo de tono.

Reding efectuó una intervención pública vehemente para corregir su reciente imagen de tibieza, calificó de «vergüenza» el comportamiento del Gobierno francés y advirtió: «Mi paciencia se está agotando». «Esta es una situación que pensé que Europa no volvería a ver después de la segunda guerra mundial», destacó. «La discriminación en base al origen étnico o racial no tiene cabida en Europa», remachó Reding.

CIRCULAR POLÉMICA / Reding criticó en especial que las autoridades francesas le aseguraron personalmente que ningún grupo étnico había sido blanco específico de las expulsiones, cuando el Gobierno ya había emitido una circular en la que se mencionaba específicamente a los gitanos.

La citada circular fue emitida por el director de gabinete del Ministerio del Interior el 5 de agosto y en ella se ordenaba a la policía desmantelar los campamentos de inmigrantes irregulares «tomando como prioridad los de los gitanos rumanos».

El expediente contra Francia se basará en la aplicación discriminatoria de la directiva de la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea (UE) y en la falta de incorporación al derecho nacional francés de las garantías judiciales previstas en la citada directiva para las expulsiones, precisó Reding.

La comisaria indicó que pedirá al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que autorice la tramitación del expediente por procedimiento de urgencia. Primero, la Comisión enviará una carta de advertencia a Francia avisando de que incumple el derecho comunitario y le invitará a presentar alegaciones. Luego, el Ejecutivo comunitario emitirá un dictamen en que instará a corregir de inmediato esas violaciones. Si París no acata esa decisión, la Comisión presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En respuesta a las críticas que le formularon los eurodiputados, Reding aseguró que «ningún estado de la UE puede esperar un trato especial, incluida Francia».

En su primera reacción, Francia midió sus palabras. «Hemos recibido con sorpresa las declaraciones de Reding. No pensamos que con este tipo de declaración podamos mejorar la suerte y la situación de los gitanos, que están en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra acción», terció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Bernard Valero, que dijo que este es el «espíritu» con el que trabaja el Gobierno francés en colaboración con las autoridades rumanas y búlgaras y que espera también mantener con la Comisión Europea.

Pero a medida que avanzaba la tarde, las reacciones subieron un poco de tono. El ministro de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche juzgó «exageradas» las alusiones a las deportaciones de la segunda guerra mundial. El presidente del grupo parlamentario del partido del Gobierno, Jean François Copé, afirmó que resulta «insultante» que Francia tenga que «justificarse» por «cosas que son claras y que se hacen de forma justa».