LA democracia magiar es sólida, pero en la opinión pública húngara anidan aún poderosos sentimientos ultranacionalistas; tan poderosos que el Gabinete conservador de Victor Orbán está preparando un decreto a las normas comunitarias para restringir la venta de suelo agrario a ciudadanos extranjeros.

En realidad, la restricción ya existía antes del ingreso de Hungría en la Unión Europea y continúa por concesión comunitaria hasta mediados del 2011. Pero Fidesz, el partido conservador de Orbán, solicitó ya el año pasado que el plazo concedido por la UE se ampliase tres años más.

Esta prórroga no sólo choca con los principios jurídicos comunitarios sino que desde la legislatura anterior impera en el país una norma altamente discriminatoria: el Estado, propietario de más de un millón de hectáreas de tierra de cultivo, tiene el derecho de tanteo “al precio habitual en la región” en cualquier venta de propiedad agraria. Es decir, que las autoridades pueden impedir arbitrariamente cualquier contrato de compraventa superior a los 17.000 euros entre particulares y decir: estas tierras me interesan, de estas otras me desentiendo. Ese millón de Ha del Estado constituyen un fondo de promoción de la agricultura familiar y se alquilan o venden parcelas a familias jóvenes de campesinos que tengan por lo menos 3 niños y no residan más lejos de 15 kilómetros del lote en cuestión.

La discriminación de los compradores extranjeros que quiere prolongar Orbán prevé algunas excepciones: si los extranjeros llevan un mínimo de 3 años en el país, pagan impuestos, no adquieren más de 300 ha y explotan directamente las fincas. Pero como las tierras magiares son relativamente mucho más baratas que las occidentales – 2.600 euros la hectárea mientras en Austria cuesta esa misma superficie 12.000 euros – y pese a que desde la entrada en la UE ha subido un 35%, muchos inversores austriacos y bastantes alemanes e italianos han orillado la ley comprándoles a los campesinos sus tierras sin escritura alguna y, por tanto, a espaldas del Estado. Según los ultranacionalistas magiares, cerca de 700.000 hectáreas son hoy en día propiedad de facto de inversores austriacos.

El otro foco inquietante – la xenofobia – del ultranacionalismo imperante en buena parte de la sociedad húngara, antisemitismo y gitanofobia, lo está combatiendo el propio Gobierno Orbán. Y lo está combatiendo con notable éxito. Especialmente el partido ultra magiar Jobbik y su organización paramilitar Guardia Magiar, que habían hecho de la discriminación de los gitanos su principal tema están perdiendo peso político. Las encuestas demoscópicas señalan que ha pasado del 14% de apoyo popular que tenía en el 2008 a un parco 8% en la actualidad. Y el acoso jurídico – político de Orbán contra la Guardia Magiar ha logrado que ésta se haya reorganizado ahora en “agrupación cultural” y ha renunciado prácticamente a sus desfiles intimidatorios por los pueblos de fuerte presencia gitana.

El retroceso de la Guardia Magiar se debe en parte a la enérgica vigilancia de la Policía y las duras sentencias judiciales, pero también en muy buena parte a las luchas internas de la organización. Fruto de una de éstas fue la circulación por el país de un vídeo en el que se veía al anterior comandante en jefe de la Guardia, Robert Kiss, hombre casado, besuqueando a una muchachita. Era algo inaceptable para el propio Jobbik, que ha hecho del respeto a las normas morales una de sus mejores bazas electorales y Kiss tuvo que presentar la dimisión.