La política de expulsión de gitanos de Nicolas Sarkozy recibió ayer una fulminante tarjeta roja del Parlamento Europeo.

Su pleno, reunido en Estrasburgo, votó mayoritariamente a favor de una resolución reprobatoria presentada por socialistas, liberales, verdes y comunistas, en la que pide a Francia la “suspensión inmediata” de las deportaciones de ciudadanos de esta etnia. El texto fue aprobado por un amplio margen: 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones, mientras el propuesto por el Partido Popular Europeo, en absoluto crítico con París o Bruselas, era rápidamente desestimado.

La resolución extiende sus observaciones y críticas a “otros Estados miembros” pero sin citarlos, para no perder los muy necesarios apoyos de diputados de algunos de los países que estos días han estado, junto con Francia, en el punto de mira de la Eurocámara por sus polémicas expulsiones de gitanos: Italia, Hungría y Dinamarca, por ejemplo.

La institución señala su “honda preocupación” por este tipo de acciones, que “violan” la legislación europea sobre libre circulación y la Carta europea de derechos fundamentales por su naturaleza discriminatoria. “La toma de huellas dactilares de los gitanos expulsados”, como hacen las autoridades francesas, es una práctica “ilegal”, recuerda.

La moción, no vinculante, reconoce la posibilidad legal de imponer limitaciones a la libertad de circulación y residencia dentro de la UE por razones de orden y seguridad. Pero estas acciones, subraya, “sólo podrán basarse en la conducta personal del interesado y no en consideraciones generales de prevención ni en el origen étnico o nacional”. Como recuerda la resolución, el tribunal administrativo de Lille ha confirmado su primera decisión judicial por la que se rechazan las órdenes de deportación de siete personas gitanas, “aduciendo que las autoridades no habían demostrado que constituían una amenaza para el orden público”.

El Gobierno francés ha rebajado el tono desde que en julio lanzó una nueva política de seguridad que incluía, entre otras medidas, el desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y la expulsión de ciudadanos comunitarios. Estas deportaciones, asegura París, no se han centrado en ninguna etnia en particular (aunque 828 de los 979 expulsados en agosto son gitanos), y son además acordes con la normativa europea y los valores de la República Francesa.

Estas explicaciones no han convencido a los eurodiputados, que recuerdan que la expulsión de ciudadanos comunitarios debe realizarse “de forma individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias personales, con las debidas garantías procesales y posibilidad de recurso”.

La Comisión Europea, que se inclina por creer a Francia, recibió ayer su dosis de crítica por su “tardía y limitada respuesta”, afirma la Eurocámara, que la insta a verificar con rapidez si las deportaciones son o no legales. Algunos eurodiputados han planteado que si Bruselas no lo hace en un plazo de tiempo razonable, sean los servicios jurídicos de la Eurocámara quienes asuman la responsabilidad.

El texto arremete también contra “la retórica incendiaria y abiertamente discriminatoria” que ha rodeado a estas acciones y que “ha dado credibilidad a declaraciones racistas”. También rechaza “cualquier declaración que relacione minorías e inmigración con criminalidad y que cree estereotipos discriminatorios”.

El posicionamiento del Europarlamento se produce después de una semana de encendidos debates. Ayer por la mañana nadie estaba seguro de poder sacar adelante su propuesta de resolución.

Finalmente triunfaron las tesis de la izquierda frente a las del Partido Popular Europeo (PPE) que, con apoyo de los tories británicos, presentó una resolución que no citaba a Francia y avalaba sus argumentos, al subrayar el derecho de los Gobiernos a restringir la libertad de circulación y residencia para proteger la seguridad pública.

El texto del PPE fue rechazado por 328 votos en contra, 287 a favor y 20 abstenciones. Su responsable, el eurodiputado Simon Busuttil, criticó después en un comunicado la “explotación política de los gitanos” por parte de la izquierda europarlamentaria que no ayuda a resolver los problemas de educación, empleo y vivienda que sufre esta amplia porción de la población europea, entre 10 y 12 millones de personas repartidas por toda la UE.

Pese a la derrota de las tesis de su familia política, la conservadora húngara Lívia Járóka (la única eurodiputada de etnia gitana en esta legislatura) celebró que el Parlamento Europeo haya decidido volver a crear un grupo de trabajo sobre la integración de esta minoría.

El grupo socialista, en cambio, celebró la aprobación del texto como un mensaje claro de oposición “a la xenofobia y la violación de los derechos de los ciudadanos que en los últimos meses ha sido agitada por la política derechista de algunos estados miembros”, en palabras de Hannes Swoboda. “Rechazamos toda acción de índole populista que en lugar de dar soluciones busca chivos expiatorios”, añadió Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles.