El Parlamento Europeo irritó ayer al Gobierno de Nicolas Sarkozy con una crítica declaración contra la política gala de expulsiones masivas de gitanos, que París planea continuar pese a la presión de los eurodiputados, la ONU e incluso el Papa.

En una tensa votación de dos resoluciones contrapuestas, la Eurocámara aprobó un texto para denunciar la deportación de más de 8.000 nómadas este año (un millar desde julio), la mayoría rumanos, y pedir al Ejecutivo Sarkozy que «suspenda inmediatamente todas las expulsiones de gitanos».

La Eurocámara aprobó un documento contundente, aunque sin valor vinculante, obra de los grupos socialista, liberal, verde y de la izquierda unitaria. El texto se batía con otro presentado por los populares europeos y los tories, que reclamaban más fondos y políticas para evitar la discriminación, pero evitaban valorar las acciones de Francia y destacaban su derecho a velar por la seguridad interior. La resolución de la derecha fue rechazada por 328 votos en contra, 287 a favor y 20 abstenciones; la del centro-izquierda fue aprobada por 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones.

El texto ganador expresa su «profunda preocupación» por las expulsiones francesas y «la retórica política incendiaria que da alas a las declaraciones racistas y a las acciones de los grupos de extrema derecha» y llama a las autoridades a asumir sus «responsabilidades» y no «relacionar las minorías y la inmigración con la criminalidad» porque crean «estereotipos discriminadores».

Los parlamentarios piden que la suspensión de las repatriaciones de rumanos se cumpla con la mediación de la Comisión Europea y el Consejo de la UE, si bien lamentan la «acción tardía y limitada» de la Comisión ante deportaciones que pueden violar la libre circulación de personas dentro de los Veintisiete o su derecho a la privacidad por el registro de huellas dactilares. Una mayoría de eurodiputados atacaron por ello el martes a José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión, y a su comisaria de Justicia en dos duros debates en el hemiciclo. El Consejo, donde están representados los Veintisiete, prefiere evitar un tema delicado, que ni siquiera está en el orden del día de la próxima reunión de Justicia e Interior de la UE.

El Gobierno francés ya ha anunciado que desoirá los consejos de los europarlamentarios. El ministro de Inmigración, Eric Besson, aseguró que Francia seguirá con sus repatriaciones y criticó a la Eurocámara por «excederse en sus prerrogativas».

«Por supuesto, no nos sometemos a un dictado político […] Francia aplica enérgicamente la legislación comunitaria y respeta escrupulosamente la ley de la República francesa», dijo el ministro en Bucarest, donde intentaba calmar los ánimos con una declaración de cooperación con Rumanía. Su interlocutor, el ministro de Exteriores rumano, Teodor Baconschi, no quiso comentar la resolución de Estrasburgo para «acabar con estas polémicas».

El Partido Popular Europeo acusó a la izquierda de estar «explotando políticamente» la situación de los nómadas y se quejó de que «señalar con el dedo a Francia y a la Comisión» no responde «a los verdaderos desafíos de mejorar las condiciones de vida, educación, sanidad y otras necesidades básicas de los gitanos». El comunicado oficial lo firmó la única eurodiputada gitana del hemiciclo, que pertenece a su grupo, la húngara Lívia Járóka. El PP español votó con la familia política de Sarkozy, pero prefirió guardar las distancias y ninguno de sus representantes intervino en el debate del martes o se pronunció ayer sobre la resolución.