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  La dura condena del Parlamento Europeo a la política francesa de expulsiones masivas de gitanos provenientes de Rumanía y Bulgaria supone una advertencia de primera magnitud al presidente Sarkozy, poco usual en las relaciones de las instituciones comunitarias con los Estados miembros. Pero la crudeza con la que Eurocámara exige la «suspensión inmediata» de las repatriaciones, sumada al caso omiso que parece dispuesto a hacer el Gobierno galo y al reproche que la mayoría de los parlamentarios ha dirigido a la Comisión Europea ante su «tardía y limitada» respuesta, configuran un escenario preocupante que supera la problemática francesa e interpela a la UE sobre el modo de encarar la inmigración ilegal. Francia se escuda en que la libre circulación de personas que consagra la Unión no puede no tener excepciones ante crisis como la planteada por extranjeros sin papeles que viven en condiciones ínfimas. Pero ese argumento, que pudiera ser razonable de manera genérica, no justifica repatriaciones masivas contrarias a la obligada aplicación de la ley caso a caso, ni puede llevarse al extremo de vulnerar la esencia constitutiva de la UE, que es el respeto a los derechos humanos. Francia, así lo cree el Parlamento Europeo, se ha excedido. Pero las instituciones comunitarias no deberían olvidar que su controvertida Directiva de Retorno de 2008 ya proyectaba una perniciosa imagen de los extranjeros indocumentados como potenciales delincuentes.