El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) tiene previsto estudiar la posible ilegalidad que se ha cometido con la expulsión «masiva» de Melilla para su repatriación de casi medio centenar de inmigrantes de Bangladesh que llevaban alrededor de cinco años en España.

En declaraciones a Efe, el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, señaló ayer que ha mantenido contactos con la Subcomisión de Extranjería del CGAE, que ha expresado su «total apoyo e implicación» en la defensa de los inmigrantes.

En concreto, han sido 47 los inmigrantes bengalíes trasladados a la península para ser internados antes de su repatriación, tal y como establece la ley.

Entre las acciones que se van a desarrollar, el CGAE tiene previsto contactar con la Secretaría de Estado de Inmigración con objeto de conocer los detalles del proceso de repatriación de estos inmigrantes y determinar si se trata de una «expulsión colectiva», prohibida por el derecho internacional y recogida en el propio ordenamiento jurídico español.

Blas Jesús Imbroda insistió en que en este caso se tendría que haber tenido en cuenta la circunstancia de arraigo de los inmigrantes, habida cuenta de que llevaban en Melilla alrededor de cinco años y se encontraban plenamente integrados.

«Por un principio de humanidad, por un respeto a los derechos humanos y por un respeto también a la ley, se les tendría que haber dado una oportunidad de vida», afirmó el decano.

Por su parte, el presidente de la Ciudad y del PP, Juan José Imbroda, señaló que va a hablar con el diputado nacional para ver si pueden presentar una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre las expulsiones. Aunque hay una ley que cumplir, opinó que después de cinco años esto es «cruel».