La dura condena del Parlamento Europeo a la política francesa de expulsiones masivas de gitanos provenientes de Rumanía y Bulgaria supone una advertencia de primera magnitud al presidente Sarkozy, poco usual en las relaciones de la Eurocámara con los Estados miembros. Las expulsiones no son algo nuevo, pero sí la publicidad y el electoralismo con los que el mandatario francés ha querido llevarlas a cabo. Sorprende sobre todo el elevado número de ellas en poco tiempo, unas mil desde agosto. Francia argumenta que la libre circulación de personas debe tener excepciones y límites. Pero la manera de repatriar impuesta a estos ciudadanos, casi automática y no caso por caso, no es admisible en una Europa basada en la no discriminación por razón de la nacionalidad o de la raza. En contraste con el Parlamento Europeo, la Comisión ha reaccionado muy tarde y con el perfil político bajo, algo a lo que nos tiene acostumbrados el presidente Barroso. El problema de fondo sigue siendo las dificultades de integración de estos diez millones de miembros de la minoría gitana en todo el continente europeo, sea en Francia o en Rumanía. Pero en ningún caso la pobreza de un colectivo establecido en un Estado miembro puede ser la razón para su deportación masiva.