El Parlamento europeo condenó ayer en duros términos la expulsión de gitanos de Francia y otros países de la UE, pero París ha decidido no darse por aludido. Su ministro de Inmigración, Eric Besson, manifestaba en Bucarest, según Efe, que el gobierno de Sarkozy continuará con esta controvertida política, al tiempo que acusaba al Parlamento europeo de haberse excedido en sus prerrogativas, al pronunciarse sobre una materia que no es de su competencia.

El derecho invocado por la Eurocámara para discutir y aprobar una resolución parlamentaria sobre la problemática de los gitanos es la facultad que le asiste de actuar por propia iniciativa.

Cuando lo hace, sus resoluciones y dictámenes carecen de valor jurídico, como es el caso actual. El mensaje político – que era el buscado por la institución comunitaria – quedó, sin embargo, muy claro: una mayoría parlamentaria de 337 eurodiputados, construida con socialistas, liberales, verdes y comunistas, dio el visto bueno a una Resolución parlamentaria que reclama la “suspensión inmediata” de las expulsiones de gitanos.

Invocó, para justificar sus demandas, la libre circulación de personas y la prohibición de todo género de discriminaciones éticas o raciales en la Europa comunitaria. Los populares (PPE) y los conservadores británicos, que promovían una resolución alternativa para favorecer la integración de estas poblaciones nómadas, fueron derrotados al sumar 245 votos. Hubo 51 abstenciones.

La resolución parlamentaria insta a los responsables políticos a “rechazar cualquier declaración que vincule a las minorías y a los inmigrantes con la delincuencia y cree estereotipos discriminatorios”; expresa su preocupación por la “retórica incendiaria y abiertamente discriminatoria que ha caracterizado al discurso político durante las repatriaciones de personas gitanas, lo que ha conferido cierta credibilidad a las declaraciones racistas y las acciones perpetradas por grupos de extrema derecha”; y recuerda que la toma de huellas dactilares a las personas expulsadas es ilegal y contradice lo dispuesto por la Carta de Derechos Fundamentales.

La severidad del pronunciamiento parlamentario de ayer alcanza también a la Comisión europea, a la que acusa de haber ofrecido “una respuesta tardía y limitada” al problema suscitado por estas expulsiones.

París ha negado siempre el carácter colectivo de las deportaciones de gitanos, y manifiesta que todas sus actuaciones se atienen a derecho.

Todos estos extremos deberían quedar claros en un informe que, al respecto, elabora la Comisión, y para el que no existe fecha de publicación. El Parlamento decía ayer estar a la espera de dicho informe.

Francia, en cualquier caso, no va a quedarse quieta. En unas declaraciones a Le Monde, Pierre Lellouche, el secretario de Estado galo para Asuntos Europeos, daba ayer a entender que si Rumania no hace frente al problema de los gitanos, frenando su emigración desordenada al resto de la UE, París podría objetar la plena integración de ese país al espacio Schengen, del que no formará parte con plenitud de derechos hasta 2011.

El primer ministro de Rumania, Emil Boc, subrayó que su gobierno admite en este sentido su responsabilidad, pero añade que también existe una “responsabilidad europea”. La libertad de movimiento garantizada para todos los ciudadanos de la UE debe ser mantenida.