La dura condena del Parlamento Europeo a la política francesa de expulsiones masivas de personas gitanas originarias de Rumanía y Bulgaria supone una seria advertencia al presidente Sarkozy, poco usual en las relaciones de las instituciones comunitarias con los Estados miembros. Pero la crudeza con la que Eurocámara exige la «suspensión inmediata» de las repatriaciones, sumada al caso omiso que anticipa el Gobierno galo y al reproche que la mayoría de los parlamentarios ha dirigido a la Comisión Europea ante su «tardía y limitada» respuesta, configuran un escenario preocupante que supera la problemática francesa e interpela a la UE sobre el modo de encarar la inmigración ilegal. Francia reclama excepciones a la libre circulación de personas que consagra la Unión ante crisis como la planteada por extranjeros sin papeles que viven en condiciones ínfimas. Tal argumento no justifica repatriaciones masivas contrarias a la obligada aplicación de la ley caso a caso, ni puede llevarse al extremo de vulnerar la esencia constitutiva de la UE, que es el respeto a los derechos humanos. Francia, así lo cree el Parlamento Europeo, se ha excedido. Pero las instituciones comunitarias no deberían olvidar que la controvertida Directiva de Retorno de 2008 ya proyectaba una perniciosa imagen de los extranjeros indocumentados como potenciales delincuentes.