La mitad de las empleadas de hogar en Vizcaya son inmigrantes sin papeles

El Correo, JON MAYORA, 10-09-2010

La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya reclamó ayer en Bilbao una reforma laboral y de la Seguridad Social que mejore sus condiciones y «las haga equivalentes a las del resto de sectores». Según datos aportados por representantes de la agrupación, en base a consultas recogidas en sus asesorías de la capital vizcaína, Basauri y Barakaldo, ocho de cada diez trabajadoras en estos momentos son inmigrantes , y el 60% de ellas «se encuentra en situación irregular por falta de papeles».

Isabel Otxoa e Isabel Quintana, representantes de la asociación, denunciaron que la reforma laboral, cuyo texto fue aprobado ayer por el Congreso de los Diputados, no garantiza a este colectivo el salario mínimo interprofesional anual (SMI), «por lo que es totalmente falso que la ley conlleve una mejora para el colectivo, como se nos ha vendido. Lo que no puede hacer el Gobierno del PSOE es presentarnos la reforma como un avance», aseguran. Mientras para el resto de trabajadores el salario mínimo contempla catorce pagas completas, el régimen especial del servicio doméstico limita las extraordinarias a quince días cada una.

Las representantes de la agrupación añadieron que la reforma «no beneficiará a ninguna de las trabajadoras internas». Para muchas de ellas la jornada laboral «puede legalmente llegar a 14 horas diarias y pagarles a razón de ocho, porque el ‘tiempo de presencia’, el de descanso obligatorio, se reconoce como de no retribución», explicó Otxoa.

Agencias de empleo

Según la organización, las trabajadoras en régimen externo que se van a beneficiar de la nueva ley «son menos del 9%». Se trata de las empleadas «que trabajan 40 o más horas y no llegaban al salario mínimo de 633,3 euros», que ahora podrán percibir. Otxoa rechazó también que se legalicen las agencias privadas de colocación, «que han sido toleradas, pese a ser ilegales hasta ahora» y expresó su temor «ante la posible ampliación de 15 a 20 años del periodo para el cálculo de las pensiones y su efecto en un colectivo «que no alcanza periodos largos de cotización», puesto que gran parte de su trabajo se desarrolla en la economía sumergida.

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