La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogió ayer el juicio contra Miguel Ángel C.C. y Andreia M.F., acusados de un delito continuado relativo a la prostitución y otro contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía solicita para el procesado cuatro años de prisión por el primer delito y ocho por el segundo.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, durante 2005 los acusados se dedicaron a captar jóvenes brasileñas, que se encontraban en su país, para dedicarlas a ejercer la prostitución en Tenerife. Los procesados, que recibían parte del dinero que las mujeres obtenían con esta actividad, les pagaban a las chicas los gastos del viaje desde Brasil a la Isla.

Al llegar a su destino, las chicas, que decían a la Policía que iban a pasar un periodo vacacional, se establecían primero en un piso de la capitalina calle General Serrano y luego en una vivienda en la calle Garcilaso de la Vega, donde ejercían la prostitución. Las mujeres debían entregar a los procesados el 50 por ciento de las ganancias adquiridas con esa actividad.

Para dar a conocer el “negocio”, Miguel Ángel C.C. se anunciaba en la sección de contactos de un medio de comunicación con el nombre de “Mcescort, así como en la página web www.mcescort.com, donde ofertaba servicios de carácter sexual a prestar por chicas brasileñas recién llegadas de su país de origen”, según señalan las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

En agosto de 2005, dos agentes de paisano de la Policía Nacional acudieron al citado domicilio, donde se les ofertaron los servicios de cuatro jóvenes. Tras identificarse, los funcionarios públicos procedieron a la detención de Miguel Ángel C.C. Unos días más tarde, se detuvo a Andreia M.F.

Durante el juicio celebrado ayer, los dos acusados se acogieron a su derecho de no declarar, dejando como único testimonio el que dieron en el momento de su detención.

Por otro lado, una de las jóvenes que ejercía la prostitución en esa vivienda admitió que sabía qué tipo de trabajo iba a ejercer en la Isla, y que vino por voluntad propia. Además, aseguró que nunca le fue retirado su pasaporte, el cual siempre estuvo en su poder, y que podía salir de la casa, “poco rato”, siempre y cuando no hubiese clientes. Además, la testigo reconoció a los acusados como las dos personas para las que trabajaba en la Isla.

Cabe señalar que en el domicilio residían y “trabajaban” cuatro jóvenes brasileñas, dos de las cuales se encontraban en la Isla de forma irregular. Tras la actuación policial en el lugar, según se manifestó ayer en la vista oral, tres de las mujeres pidieron protección a la Policía, aunque se vieron obligadas a regresar a la vivienda, pues “no teníamos donde quedarnos”, declaró la testigo.

Algunas de estas jóvenes, según declararon en el momento de su detención a la Policía, ya habían ejercido la prostitución en su país natal.

El Ministerio Fiscal también solicita una multa de dieciocho meses a razón de seis euros diarios y la prohibición de acercarse a las jóvenes, ni comunicarse con ellas, durante cinco años. Por su parte la defensa de los acusados pidió la libre absolución.