El Senado francés debate el endurecimiento de la lucha contra la delincuencia
La Voz de Galicia, 08-09-2010El Senado francés inició ayer el debate de una serie de medidas presentadas por el Gobierno para endurecer la lucha contra la delincuencia, con mayores penas para los que maten a policías o gendarmes, y condenas mínimas que los jueces no podrán reducir para los autores de violencias agravadas.
El ministro de Interior, Brice Hortefeux, es el encargado de presentar ante la Cámara alta estas propuestas, entre las que figura la retirada de la nacionalidad a franceses naturalizados que atenten contra la vida de policías y gendarmes.
En estas enmiendas del Gobierno, que son un añadido al proyecto de ley sobre la seguridad interior que ya votó en primera lectura la Asamblea Nacional el pasado 16 de febrero, no se incluye finalmente la revocación de la nacionalidad a los naturalizados condenados por polígamos, como quería Hortefeux.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se decantó el lunes por la posición del titular de Inmigración, Eric Besson, que consideraba que esa disposición corría el riesgo de ser censurada por el Consejo Constitucional, aunque el texto que el Ejecutivo envía al Senado prevé un aumento de las sanciones para el fraude a las prestaciones sociales por parte de familias polígamas.
Subsidios por poligamia
El origen de esta iniciativa está en el caso de un hombre de Nantes que adquirió la nacionalidad al casarse con una francesa y que mantiene relaciones con cuatro mujeres de las que tiene 12 hijos – aunque no está formalmente casado – , que a su vez han estado recibiendo subsidios sociales en concepto de familias monoparentales.
La situación de ese hombre de origen argelino salió a la luz pública después de que una de sus mujeres denunciara ante la prensa que la policía la había multado por conducir con niqab.
Una de las enmiendas estrella es la que fija 30 años de cárcel que los jueces no podrán reducir para los asesinos de agentes de la autoridad o de vigilantes de prisión.
Hortefeux igualmente espera que se apruebe la posibilidad de subastar los bienes requisados a delincuentes que los hubieran adquirido ilegalmente o con el dinero obtenido de sus actividades delictivas.
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