El presidente francés, Nicolas Sarkozy, no se ha dejado intimidar por los reproches de xenofobia y de racismo que le han transmitido las instituciones europeas y el Vaticano. Ayer ratificó por escrito el discurso de Grenoble, es decir, las polémicas medidas de expulsión de inmigrantes ilegales particularmente los gitanos con que pretende combatir la clandestinidad.

La limpieza no discrimina entre comunitarios y extracomunitarios. De hecho, el jefe del Estado francés se ha concedido un periodo ejemplarizante de tres meses para desmantelar los campamentos de gitanos que proliferan en algunas ciudades francesas.

Muchos de ellos provienen de Rumanía y, por la misma razón, tienen el pasaporte comunitario, pero Sarkozy reivindica el derecho a repatriarlos insistiendo en que constituyen focos de marginalidad, de desempleo, de intolerancia y hasta de violencia.

El ejemplo al que apela el Elíseo consiste en la muerte de un policía francés con ocasión de unos disturbios declarados en la ciudad de Grenoble el pasado mes de julio. Fue allí donde Nicolas Sarkozy pronunció su discurso de «tolerancia cero», prometiendo entonces que se aplicaría con escrúpulo la ley para desalojar los focos irregulares de la banlieue.

De la palabra a los hechos, Nicolas Sarkozy redactó ayer en compañía de su primer ministro, François Fillon, los extremos o los supuestos en los que podrían expulsarse de Francia a «ciertos» ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, la amenaza de orden público, la ausencia prolongada de medios de subsistencia y el abuso del derecho de libre circulación. Se trata de una normativa redactada a medida de los gitanos que Sarkozy quiere evacuar ya se han producido varias «deportaciones», pero es cierto que el jefe del Estado considera a su favor que el marco legal de la UE le ampara «inequívocamente».

Otra cuestión serían las leyes que el presidente francés ha promovido para despojar de la nacionalidad francesa a los ciudadanos naturalizados que se han descarriado. Empezando por aquellos que han cometido el homicidio de un agente del orden público.

Su ministro de Interior, Brice Hortefeux, más sarkozysta que el propio Sarkozy, le había sugerido la conveniencia de prolongar la iniciativa a los neofranceses polígamos, pero el presidente galo, consciente del agravio comparativo, no ha considerado oportuna la observación ni ha tenido miedo en desautorizar a su mosquetero.

Así las cosas, la retirada de la nacionalidad francesa «a quienes atenten contra la vida de una persona depositaria de una autoridad pública, en particular policías y gendarmes» podría aplicarse en los 10 años posteriores a la obtención del pasaporte galo.

Es una manera de proteger a los policías y a los gendarmes, aunque no la única, puesto que las medidas anunciadas ayer por Sarkozy también mencionan que el asesinato de cualquier agente conllevará para el homicida una pena de 30 años sin derecho a reducción.

No hay distinción de nacionalidades ni de orígenes en este supuesto, como tampoco existen en los delitos menores o menos graves con que las guerrillas urbanas degradan a gendarmes y policías nacionales. A partir de ahora, se reforzarán las penas por violencia agravada.

La oposición sostiene que la «cruzada xenófoba» de Sarkozy se atiene a los presupuestos populistas/electoralistas y demuestran la fragilidad de su proyecto político. Precisamente cuando la popularidad del presidente toca fondo y cuando la reforma de las pensiones promete una semana particularmente caliente en el Hexágono.

Es hoy cuando los sindicatos promueven una huelga masiva y una movilización «sin precedentes». De momento no han logrado inquietar el patrón del Elíseo, pero el desgaste comienza a malograr la credibilidad de Sarkozy.