Nicolas Sarkozy soldó ayer la asociación entre inmigración y delincuencia con la que inició, este verano, una escalada sin precedentes en su discurso sobre seguridad. El presidente francés decidió en qué casos la ley permitirá retirar la nacionalidad a los ciudadanos de origen extranjero: el castigo se aplicará a las personas que lleven hasta 10 años naturalizadas y que «atenten contra la vida de una persona depositaria de la autoridad pública, en particular los policías y gendarmes». Finalmente, los polígamos conservarán el pasaporte francés, pero serán perseguidos con dureza.
Las dificultades que implica desde el punto de vista jurídico condenar a los polígamos de hecho la mayoría conviven con varias mujeres pero solo están casados con una han llevado al presidente a actuar con cautela. Esta razón y el riesgo de un nuevo enfrentamiento con la comunidad musulmana la práctica se extiende entre los integristas islámicos han aconsejado descartar la propuesta del ministro del Interior, Brice Hortefeux, inmerso en una cruzada contra la poligamia.

Hortefeux está empecinado con este asunto desde que un comerciante de Nantes de religión musulmana puso el grito en el cielo porque habían multado a su compañera por conducir con el velo integral. El ministro descubrió que el hombre se había casado con una francesa, gracias a lo cual había accedido a la nacionalidad, y convivía con otras tres mujeres que percibían las ayudas sociales como si fueran madres solteras. No pudo denunciarle por polígamo, ya que formalmente no lo era, pero sí por fraude a las prestaciones del Estado. Ahora había visto la oportunidad de retirarle la nacionalidad a él y a parte de los 16.000 hombres que viven en este régimen en Francia.

No obstante, se impusieron las tesis del ministro de Inmigración, Eric Besson, y de la titular de Justicia, Michèle Alliot-Marie. El comunicado emitido ayer por el Elíseo precisa que «en cuanto a la poligamia, se reforzarán las sanciones por fraude a las prestaciones sociales».

LOS GITANOS / En el no menos polémico frente de las expulsiones de gitanos, el presidente tampoco dio su brazo a torcer. Anunció una reforma de la ley de inmigración para repatriar a los extranjeros en situación irregular, incluidos los ciudadanos europeos en «circunstancias particulares» como «en caso de amenaza del orden público, ausencia de medios de subsistencia o abuso del derecho a la libre circulación».

Al margen de que se les pueda retirar la nacionalidad, los ciudadanos que maten a un policía serán condenados a 30 años de prisión sin remisión de pena.