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"Es un acto discriminatorio y racista"

Óscar Vizarraga, del Consejo del Pueblo Gitano, acusa a Sarkozy de incumplir los tratados de la Unión Europea w Miles de personas salen a la calle para protestar contra el presidente de Francia

Deia, y. Álvarez/ C.Zárate, 05-09-2010

bilbao. Miles de personas en toda Europa se echaron ayer a las calles para protestar contra la política del Gobierno Sarkozy de expulsar del país a ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana y en favor de la acogida de los extranjeros. Ante la xenofobia y la política del desprecio: libertad, igualdad, fraternidad o No a las políticas inhumanas de Sarkozy fueron algunos de los eslóganes que podían leerse en la multitudinaria marcha que recorrió las calles parisinas y que fue secundada por un centenar de ONG, sindicatos, partidos de izquierda y grupos ecologistas.

Sin embargo, París no fue la única ciudad europea donde se registraron jornadas de movilización. El llamamiento a la solidaridad difundido por la Unión Romaní Internacional también se extendió frente a las embajadas francesas de Londres, Bruselas o Barcelona, donde se entregaron diferentes cartas dirigida a los cónsules expresando su “absoluto rechazo y preocupación ante las deportaciones fascistas”.

El eco generado en las calles de media Europa, aunque en menor medida, también se escuchó en Euskadi. Pese a que el Consejo Social del Pueblo Gitano en el País Vasco anunció el pasado viernes la imposibilidad de realizar ningún tipo de movilización en Euskadi, asociaciones como Iniciativa gitana o Nuevo Amanecer decidieron salir a la calle para “solidarizarse” con sus compatriotas y expresar su “profundo rechazo” a la situación que se está viviendo en el país galo. Bajo el lema No al racismo ni a la xenofobia, el mundo es de todos, una decena de personas se concentraron frente al Consulado francés en Bilbao pertrechados con la bandera del pueblo gitano – que se representa mediante una rueda roja y un fondo azul y verde, en señal de un pueblo errante que se dispersa por todo el mundo – . “Nos parece algo totalmente increíble que un presidente de ascendencia judía decida aplicar ahora las políticas de persecución que sufrieron sus antepasados”, explicaron.

Otras asociaciones vascas, como el caso de Kale dor kayiko, pese a no poder asistir a la concentración mostraron también su más absoluta solidaridad con las personas expulsadas. De esta manera, Óscar Vizarraga, responsable de Kalé dor Kayiko e hijo del vicepresidente del Consejo del Pueblo Gitano, Manuel Vizarraga, afirmó que “estamos ante un acto discriminatorio y racista” que incumple los tratados internacionales de la Unión Europea. “Están criminalizando a toda una etnia por problemas que son de índole social”, señaló.

Vizarraga también quiso valorar las declaraciones de Miguel Ángel González, director de Inmigración del Gobierno vasco, que señaló que “no es descartable que los gitanos rumanos expulsados de Francia recalen en otros puntos de Europa, incluido España, incluido el País Vasco”, pero “tampoco es un proceso que deba ser automático”. Ante estas palabras, Vizarraga aseguró que “el Gobierno vasco debería condenar lo que está haciendo el Gobierno francés”, a la vez que incidió en el silencio que mantiene Lakua. “Echo en falta una declaración más contundente. Podría haber criticado más a Sarkozy. El Gobierno vasco ha dado una de cal y otra de arena”, afirmó Vizarraga.

Siguen las expulsiones Y mientras sigue la polémica y las manifestaciones, el Gobierno Sarkozy no da su brazo a torcer y continúa reafirmándose en que esta política “no infringe las leyes de la Unión Europea”. Sin embargo, en lo que va de año el presidente galo ha repatriado ya a un total de 8.313 rumanos y búlgaros de etnia gitana en un intento de “regular una situación de integración que está fracasando”.

Pese a las numerosas críticas internacionales recibidas, el anuncio de las nuevas medidas de seguridad y de las expulsiones de inmigrantes ilegales mantiene dividida a la sociedad francesa. Las encuestas hablan de que un 48% de la población está a favor de continuar con la expulsiones mientras que un 42% se muestra reacio a implantar estas medidas.

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