El desprecio con que el Gobierno francés despachó ayer las manifestaciones en 130 ciudades del país contra la expulsión de personas de etnia gitana no oculta que la supuesta estrategia de seguridad liderada por el presidente Sarkozy se enfrenta por fin a una oposición que la relajación veraniega había impedido conformar hasta el momento. El mensaje de las concentraciones, que salpicaron varios países del continente, indica que la generalizada preocupación por la prolongación de la crisis económica no puede servir como excusa para decidir deportaciones en un colectivo concreto al que las extremas condiciones de vida en sus naciones de origen impelen a buscar oportunidades en otras zonas de la Unión Europea. La evidente incomodidad en la clase política gala – más allá de la protesta puramente estética del ministro de Exteriores – podría llevar a París a valorar si el daño de imagen entre su electorado moderado será mayor que el caudal de votos que busca en la extrema derecha. O si el rechazo en las calles conseguirá elevar el débil tono de crítica mostrado hasta el momento por la UE.