BEATRIZ NAVARRO – Bruselas. Corresponsal

El Gobierno francés califica de ridículas las críticas a su nueva política y asegura que respeta la ley europea
Sin ceder ni un milímetro en su política de expulsiones, una delegación del Gobierno francés defendió ayer en Bruselas la deportación de un millar de gitanos búlgaros y rumanos, así como la revisión de su ley de inmigración para ampliar los motivos por los que un ciudadano comunitario puede ser devuelto a su país.

“La libertad de circulación es un logro europeo extraordinario, pero no puede ser incondicional ni un pretexto para la realización de actividades ilícitas”, defendió el ministro de Inmigración Eric Besson ante las comisarias encargadas de Interior y Justicia, Cecilia Malmström y Vivian Reding. Besson aseguró que las expulsiones respetan “escrupulosamente” las normas europeas sobre libre circulación de personas aunque, matizó, cada país puede decidir el “modo” de aplicarlas.

La Comisión Europea, tradicional “guardiana de los tratados”, ha mantenido hasta ahora una posición dubitativa ante la polémica medida. Aunque en los últimos días ha advertido que podría expedientar a Francia si la iniciativa no respeta plenamente la legislación comunitaria, hasta ahora se había abstenido de censurarla alegando que la seguridad nacional es competencia nacional.

Después llegaron las críticas de la ONU, el Consejo de Europea y el Vaticano, y las quejas de los países directamente afectados, Bulgaria y Rumanía, sobre los que Francia mantiene una moratoria en la aplicación del derecho a la libre circulación de personas. La actitud de Bruselas ante París sigue sin ser beligerante: la Comisión anunció ayer que no hará público el informe que tiene previsto adoptar hoy y que evalúa la legalidad de la medida.

Tras entrevistarse con las comisarias europeas, Besson comparecía ante la prensa internacional con el lema Libertad, igualdad, fraternidad y la bandera tricolor a su espalda para contraatacar a las “ridículas” críticas vertidas fuera de Francia contra la medida. Son, a su juicio, “caricaturas y deformaciones inaceptables” de lo que su gobierno está haciendo. “No se ha estigmatizado a nadie” – añadió el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche-ni ha habido expulsiones masivas sino “voluntarias”, e incentivadas con 300 euros por adulto y 100 por niño a cambio de no volver.