Bruselas. Si las explicaciones dadas ayer por el Gobierno francés a la Comisión Europea, sobre su controvertida política de expulsión de ciudadanos gitanos, son suficientes o no para calmar a Bruselas está todavía por ver. Pero el ministro francés de inmigración, Eric Besson, argumentó ayer en la capital comunitaria que el desmantelamiento de los campamentos ilegales de gitanos y la expulsión de ciudadanos de esta etnia, independientemente de que sean rumanos o búlgaros, es compatible con las normas europeas y que las medidas propuestas por el Eliseo respetan “escrupulosamente” el derecho comunitario.

Acompañado por el secretario de estado de asuntos europeos, Pierre Lellouche, y tras semanas de intensas críticas contra su gobierno, Besson se entrevistó ayer con las comisarias de justicia, Viviane Reding, y de interior, Cecilia Malström. A ellas les transmitió, como señaló poco después ante la prensa, que “el logro europeo de la libre circulación – del que se benefician los 500 millones de ciudadanos europeos – no puede ser incondicional ni tampoco un pretexto para la realización de actividades ilícitas, y particularmente el tráfico de seres humanos”. Recalcó también que con su política Francia no estigmatiza a nadie y justificó que hasta el momento no ha habido ninguna expulsión colectiva y que todos los casos han sido individuales. Besson y Lellouche también advirtieron que cada país de la UE debe responsabilizarse de la integración social y económica de sus propios ciudadanos, apuntando implícitamente a Rumanía, y pidieron a Bruselas ayuda para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Si bien sus palabras no tuvieron ayer el eco de las dos comisarias que participaron en la reunión, sus portavoces sí hablaron y lo hicieron para recordar que “los gitanos son ciudadanos europeos” que “tienen los mismos derechos que todo el mundo” y que “hace falta una integración completa”, dijo ayer Matthew Newman. Precisamente la comisaria Reding tiene previsto presentar hoy en la primera reunión que mantendrá el colegio de comisarios tras el parón estival un análisis político y legal sobre las citadas expulsiones. Bruselas podría abrir un procedimiento de infracción contra Francia si cree que se vulneran las normas.