El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lelouche, defendieron ayer en Bruselas ante las comisarias de Justicia y de Interior, Viviane Reding y Cecilia Malmström, la plena legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno francés contra los campamentos ilegales de gitanos y las expulsiones de Francia de ciudadanos rumanos y búlgaros. La libre circulación de personas dentro de la Unión Europea (UE) «no es incondicional», señaló Besson tras la reunión. «Esta libertad no puede servir de pretexto para actividades ilícitas, en particular para el tráfico de seres humanos», añadió el ministro.

Besson y Lelouche rechazaron con firmeza las críticas formuladas por la Comisión Europea e insistieron en que el Gobierno francés «se ha limitado a aplicar escrupulosamente» el derecho comunitario y el nacional.

CRÍTICAS A RUMANÍA / Cada país europeo, subrayaron ambos, debe responsabilizarse de la integración social y económica de sus propios ciudadanos y un Estado no puede exportar a sus socios las comunidades problemáticas, en una referencia clara a Rumanía. Lelouche criticó además que Bucarest solo destine una cifra marginal de las ayudas europeas a la integración de la población gitana.

Besson calificó de «caricaturas y amalgamas inaceptables» las acusaciones de racismo formuladas contra el Gobierno francés y destacó que en esos campamentos ilegales se explota a los bebés y menores. El ministro insistió en que no ha habido expulsiones colectivas, sino individuales, y en que las repatriaciones forzosas se han basado en decisiones judiciales individualizadas. Besson ha propuesto medidas de integración en el país de origen.

FIRMEZA DEL PRESIDENTE / Mientras, Nicolas Sarkozy no da ni un paso atrás en sus polémicas políticas migratorias. El presidente francés confirmó ayer personalmente que será «inflexible» con la retirada de la nacionalidad como medida punitiva «en determinadas condiciones», especialmente a quienes maten a un policía o un gendarme. Sarkozy expresó su firmeza en un comunicado emitido tras recibir en el Elíseo a cinco agentes heridos en disturbios en un barrio desfavorecido de París.

No precisó, no obstante, si entre dichas condiciones incluirá a los polígamos, como reclama el ministro del Interior, Brice Hortefeux. La espinosa cuestión, que le ha valido duras críticas, se suma a la polémica que ha levantado a nivel internacional la operación de expulsión de gitanos. No solo la Iglesia, la ONU y el Consejo de Europa la deploran, sino que cada vez son más los miembros del Gobierno que admiten su incomodidad. Incluso el primer ministro, François Fillon – cuya tibia reacción no ha sido bien recibida en el Elíseo – , reconoce las disensiones.