El Gobierno francés sigue convencido de su decisión de expulsar gitanos pese a la oleada de críticas que, durante las últimas semanas, han arreciado con fuerza en torno a las polémicas medidas del Elíseo. Ayer, las autoridades de París ensancharon el eje del conflicto al anunciar que tienen previsto enmendar la actual ley de inmigración para ampliar las deportaciones «en casos de amenaza al orden público por actos repetidos de robo o mendicidad agresiva».

El ministro de Inmigración galo, Eric Besson, explicó que la iniciativa tiene como objetivo «luchar de forma más eficaz contra las redes de inmigración clandestina y de trata de seres humanos procedentes de Rumanía y de Bulgaria». «Tenemos que ampliar las posibilidades de expulsar a los detenidos», añadió Besson en un intento por justificar el proyecto de reforma, que será presentado en la Asamblea Nacional el 27 de septiembre.

En el último mes, el Ejecutivo francés ha expulsado a 977 miembros del colectivo romaní, una cifra que sobrepasa con creces los 700 que tenía previsto repatriar inicialmente Sarkozy al anunciar sus medidas el pasado 28 de julio. Asimismo, de los 300 campamentos ilegales que se comprometió a desmantelar el Gobierno en un plazo máximo de tres meses ya se han derribado 128.

El titular de Inmigración informó ayer que desde principios de año se ha expulsado a más de 8.200 gitanos a Bulgaria y Rumanía, mientras que en 2009 la cifra total fue de 11.000 repatriaciones. Además puntualizó que del total de expulsiones en el último mes, sólo 151 no han sido voluntarias.

Besson ha sido uno de los designados por el Gobierno galo para viajar hoy a Bruselas y entrevistarse con varios miembros de la Comisión Europea (CE). El Ejecutivo europeo solicitó la presencia de las autoridades francesas implicadas en la medida para que den explicaciones acerca de las conflictivas expulsiones de las últimas semanas.

El ministro del Interior, Brice Hortefeux, recordó ayer que la política emprendida por las autoridades responde a la necesidad de «proteger a los franceses». Según el miembro del Ejecutivo, los actos de delincuencia perpetrados por rumanos en París han aumentado un 259% en el último año y medio. «Actualmente, en la capital, la realidad es que uno de cada cinco robos lo perpetra un rumano», señaló.

«No cerrar los ojos»

Hortefeux aclaró que las medidas adoptadas no persiguen, en ningún caso, la discriminación contra la comunidad zíngara. «No se trata de estigmatizar a tal o cual población, pero no se trata tampoco de cerrar los ojos ante una realidad», subrayó el ministro al mencionar el alto número de delitos que protagonizan integrantes del colectivo romaní.

Al igual que Besson, el ministro del Interior también tendrá que dar explicaciones hoy. Su encuentro será con el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, el cardenal André Vingt – Trois, tras las críticas vertidas por la Iglesia católica hacia la postura asumida por las autoridades de París.

De la presión ejercida durante los últimos días hacia Francia también ha sido testigo el ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, quien confesó ayer que no está «contento» con la decisión de expulsar gitanos a Rumanía y Bulgaria. «Cómo hacer para remediarlo? ¿Dimitiendo? He pensado en ello», aseguró. No obstante, reconoció finalmente que renunciar no sería una buena idea porque «irse es desertar» y aunque le «sobrecoge el corazón» la medida «es necesario respetar la ley».