Nicolas Sarkozy y su Gobierno continuaban ayer agarrándose desesperadamente a la letra de la ley para justificar la repatriación de gitanos rumanos y búlgaros – roms-a sus países de origen, pero el volumen y calado de las críticas internacionales por la campaña de deportación empieza a dañar seriamente la imagen de Francia en el mundo.

Después de que el papa Benedicto XVI apelara el pasado domingo – significativamente en francés-a cumplir con el deber cristiano de “acoger las legítimas diversidades humanas” y de que los máximos organismos europeos – Comisión Europea y Consejo de Europa-expresaran su inquietud respecto a las expulsiones, ayer le tocó el turno a la ONU. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas aprovechó la publicación del informe relativo a Francia para amonestar a París por las expulsiones masivas de gitanos – “sin su consentimiento libre, entero e informado”-y por el proyecto de privar de la nacionalidad francesa a aquellos ciudadanos de origen extranjero que hayan cometido determinados delitos.

El CERD hizo un llamamiento concreto al Gobierno francés a “evitar”, de ahora en adelante, las expulsiones “masivas” de roms,a la vez que expresó su preocupación por los “discursos políticos discriminatorios”, en implícita alusión a Sarkozy y a algunos dirigentes de la mayoría gubernamental. Paralelamente, el comité decidió abrir un procedimiento de alerta sobre esta cuestión dirigido a las instituciones europeas. “El problema no es sólo francés, se trata de un problema europeo”, subrayó el ponente del informe sobre Francia, el norteamericano Pierre-Richard Prosper.

El Quai d´Orsay reaccionó haciendo pública una declaración en la que justifica la “escrupulosa” legalidad de las expulsiones y califica de “infundadas” las “aprensiones” expresadas en el informe. En este sentido, el comunicado recuerda que la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos europeos en la UE – de las que disfrutan naturalmente los nacionales rumanos y búlgaros-está limitada por el respeto al orden público y la justificación de unos ingresos suficientes para que los nuevos residentes no representen una “carga excesiva” para el sistema de asistencia social del país de acogida. Los rumanos y los búlgaros, sin embargo, están sometidos en Francia y otros nueve países comunitarios a severas restricciones para poder trabajar mientras dure el periodo de transición, que termina en marzo del año próximo. Si tres meses después de su entrada en Francia no justifican ingresos, pueden ser expulsados. Las repatriaciones de roms no son nuevas – el año pasado fueron deportados 9.875-,pero sí lo es la campaña desatada desde finales de julio y el discurso político que la acompaña. Este año han sido expulsados ya 8.313 – más de un millar en el último mes-,a quienes se concede una ayuda al retorno de 300 euros por adulto y 100 euros por niño. Si se repite lo sucedido hasta ahora, dos terceras partes de los repatriados regresarán a Francia, sin que nadie pueda impedirlo.

El CERD también criticó la iniciativa de desposeer de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero. El proyecto del Gobierno – traducido en dos enmiendas a la nueva ley de inmigración-prevé privar de la nacionalidad a todo aquel ciudadano de origen extranjero que, durante un plazo de 10 años desde su naturalización, cometa determinados delitos penados al menos con cinco años de cárcel. Entre ellos, todo atentado contra las fuerzas de seguridad y la estafa al sistema de ayudas sociales amparado por una situación de poligamia enmascarada.