Conforme se conocen detalles e imágenes de la matanza de 72 inmigrantes sudamericanos en Tamaulipas (México), la indignación crece en el continente. Gobiernos de la región, organizaciones defensoras de los derechos humanos y ciudadanos de a pie condenaron ayer la última salvajada de Los Zetas. Tampoco faltó quien criticó al presidente Felipe Calderón por la falta de una política migratoria que frene los secuestros masivos de los ‘sin papeles’ que cruzan México en su camino hacia la prosperidad que esperan encontrar en Estados Unidos.
Los calificativos y las expresiones de repulsa se sucedieron tras la carnicería. El Ejecutivo federal tildó los hechos de «sumamente graves» e «indignantes». Según el portavoz del Ministerio de Seguridad, Alejandro Poiré, «ilustran que el crimen organizado no tiene ningún límite ni parangón ético».
Calderón aseguró estar «triste e indignado por la cobardía de los criminales». «Hay que combatirlos con todo hasta terminar con esas bandas», dijo. El Departamento de Estado norteamericano también calificó lo sucedido de «hecho terriblemente trágico».
Las declaraciones apesadumbradas no aplacaron el enfado de los miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes vienen denunciando desde hace más de dos años las extorsiones y secuestros contra los inmigrantes, además de la explotación laboral y sexual de la que son víctimas. Condenaron, igualmente, la «clara colaboración» entre los uniformados y el crimen organizado.
Según Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, los inmigrantes enfrentan «toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos» por parte de delincuentes y, en ocasiones, «de funcionarios». La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recordó un estudio según el cual 9.758 inmigrantes fueron secuestrados en el país azteca entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 a razón de 1.600 por mes. El precio medio del rescate es de 2.000 euros. No importa ni el sexo ni la nacionalidad.
Marisolina y su amiga corrieron mejor suerte. Los Zetas las tuvieron tres meses lavando ropa y sirviendo comidas. Marisolina no tenía a nadie que pagara los 2.500 euros que pedían por su liberación. Una noche, ‘El Perro’ le explicó que llevaba «la ropa tan sucia» porque mataba a ‘sin papeles’. «Primero los hago en cachitos para que quepan en los tambos (toneles) y luego les prendo fuego hasta que no queda nada de esos pendejos».
«Yo lavé muchas veces la sangre de esa gente. Al sacudir la ropa salían los pedazos de carne. Todo olía a hollín, que para mí significa olor a muerte», narró Marisolina. Lo malo es que pasó de testigo a imputada porque las autoridades no comprendieron por qué ‘El Perro’ la dejó marchar.
Cuatro camionetas
El testimonio del joven ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que está vivo gracias a que se hizo el muerto, ha permitido reconstruir la última matanza. Explicó que 59 hombres y catorce mujeres, incluidos varios menores de edad y una embarazada, viajaban en un camión para cruzar la frontera con EE UU cuando fueron interceptados por cuatro camionetas. Sus captores se identificaron como Los Zetas y les ofrecieron 900 euros quincenales a cambio de trabajar para ellos.
Al rechazar la oferta, los sicarios les colocaron contra la pared de un almacén de maíz abandonado. Les vendaron los ojos y les ataron las manos a la espalda antes de fusilarles. Después los remataron con el tiro de gracia. Entre las víctimas hay ciudadanos de Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Honduras.
El único que logró escapar fue Lala, que todavía no se explica cómo pudo recorrer 22 kilómetros antes de encontrar un control militar y avisar de la escabechina. «La matanza fue hace poco», alcanzó a decir. Después de tomar precauciones por si era una trampa, la Marina llegó hasta la finca y fue recibida a balazos por los delincuentes. Un militar y tres sicarios perecieron sumándose a los más de 28.000 muertos que acumula la violencia narco desde 2006.