Tras haberse ampliado a los países de Europa
central, en 2004, así como a RumaníayaBulgaria,
hace tres años, la Unión Europea está
tomando conciencia de que existe en su seno
un verdadero cuarto mundo de nueve millones
de personas de etnia gitana que demasiado
amenudo sigue viviendo por debajo de los
nivelesmás elementales de dignidad humana.
Muchos franceses son testigos directos de
esa realidad con la llegada de ciudadanos rumanos
y búlgaros de etnia gitana a nuestras
ciudades y a nuestra periferia, quienes se instalan
en asentamientos improvisados. En la
mayor parte de los casos, estas poblaciones
–que con frecuencia nunca han estado escolarizadas–
son víctimas de redes de tráfico de
personas que prosperan obligando amendigar
en nuestras calles a ancianos y niños, que
entregan a las jóvenes a la prostitución o fuerzan
a menores a cometer delitos.
Es una situación que conozco bien como
edil de París y a la que se enfrentan numerosos
alcaldes, de derechas y de izquierdas, en
toda Francia. Ante la determinación del presidente
y del Gobierno de poner fin a la situación
intolerable que generan los asentamientos
ilegales, traducida por el desmantelamiento
de varios de ellos y por el regreso
voluntario de cientos de personas de etnia gitana
a Rumanía, en Bucarest y en Sofía, se
han alzado algunas voces que acusan a Francia
de poner en entredicho la libertad de circulación
dispuesta en los tratados.
Quiero decirlo de nuevo aquí, en nombre
del Gobierno francés: Francia es la primera
en estar apegada a esa libertad, la cual constituye,
para nuestros pueblos, un acervo capital
de la construcción europea, aún más
para quienes han vivido el aislamiento al
otro lado del telón de acero. Pero la libertad
de circulación es un bien preciado y, por tanto,
deseamos luchar contra su desviación por
redes criminales que explotan la miseria de
las poblaciones de etnia gitana, lo cual está
previsto con gran exactitud por el artículo 3
del Tratado sobre la Unión Europea que
enuncia que la libre circulación de personas
tiene límites y que ésta se ejerce en relación
con medidas de «lucha y […] prevención de
la delincuencia».
En el último año, he acudido en dos ocasiones
a Bucarest para advertir a nuestros amigos
rumanos de que nos enfrentamos a un
problema grave que requiere una respuesta
común. A pesar de algunos primeros pasos
positivos, aún queda mucho camino por recorrer
para integrar a las poblaciones de etnia
gitana. Contamos con Rumanía y con Bulgaria
para que asuman sus responsabilidades
ante sus propios ciudadanos.
En estas condiciones, por qué no decirlo,
me he visto algo sorprendido al leer algunos
comentarios de responsables y de analistas
rumanos y búlgaros que acusaban a Francia
de «deportar» a las personas de etnia gitana,
mientras que tan sólo estamos aplicando el
derecho europeo y gestionando regresos voluntarios
con una ayuda financiera cuya carga
recae en los contribuyentes franceses.
Esperamos de la Comisión que vele con la
misma atención para que los ciudadanos de
etnia gitana disfruten de los derechos previstos
por los tratados –derecho a la educación,
al trabajo, a la sanidad– y pedimos que se
asigne directamente a esta cuestión una parte
considerable de las ayudas europeas
(20.000 millones de euros para Rumanía de
2007 a 2013).
Quiero creer que ha llegado la hora de tomar
realmente conciencia de este problema,
por parte de los países de origen y por parte
de toda la Unión. No reaccionar supondría
añadir un nuevo capítulo a la historia de la
desdicha de la etnia gitana: bajo esclavitud
hasta el siglo XIX, deportada durante la II
Guerra Mundial, reprimida por los regímenes
comunistas, ¿la etnia gitana estaría hoy condenada
a no conocer de la construcción europeamás
que el derecho a vagar de chabola
en chabola? No reaccionar supondría fomentar
los «derrapes populistas», por los que
se preocupa Teodor Baconschi, el ministro
rumano de Asuntos Exteriores. No reaccionar
supondría negar los valores en los que se
funda la Unión Europea.
Pierre Lellouche es secretario de Estado de Francia
para la Unión Europea.