AMANDA FIGUERAS / Madrid
Otros 300 gitanos llegaron ayer a
Rumanía desde París y Lyon. La cifra
de estos deportados con 300
euros (más 100 euros por cada niño)
y billete de avión gratis alcanza
ya los 8.813 desde enero, frente
a los 9.875 que fueron expulsados
en 2009, según el ministro de Inmigración,
Eric Besson.
El presidente Nicolas Sarkozy
arrasa los campamentos ilegales,
pero su empeño por echar a estos
ciudadanos europeos que no pueden
justificar ingresos en los últimos
tres meses ha empezado a minar
su popularidad.
El porcentaje de franceses que
apoya su política es del 48% frente
al 79% que a principios de agosto
respaldaba la idea de cerrar los
asentamientos –entonces se preguntó
por su desmantelamiento y
aún no por su repatriación-, según
un sondeo publicado por Le Parisien.
Muchos gitanos se irán a sus casas
o a las de sus allegados en lugares
como Slatina, Craiova, Ferma
Ocolna o Ferentari, pero según
los expertos, volverán a salir de
Rumanía para buscar una vida mejor.
Por lo general, estas localidades
carecen de las infraestructuras
y servicios básicos.
En las últimas semanas, Francia
ha sido criticada por expertos de la
ONU, el Consejo de Europa y el
Vaticano. Este jueves, el arzobispo
de París, monseñor André Vingt-
Trois, lamentó la «demagogia verbal
» y dijo que existe «una especie
de concurso para ver quién parece
el más defensor de la seguridad y
el que parece el más moral».
Todo esto sucede mientras Europa
celebra el Año contra la Pobreza
y la Exclusión Social. En una
ceremonia en Madrid, los líderes
europeos expresaron su voluntad
de prestar una especial atención a,
entre otros colectivos con riesgo de
exclusión, los gitanos.
Sin embargo, ante esta situación
la Comisión Europea es prudente,
entre otras cosas porque una salvaguarda
en la legislación permite
a Francia justificar las expulsiones.
El revuelo cogió a la comisaria de
Justicia, Derechos Fundamentales
y Ciudadanía, Viviane Reding, fuera
de la oficina. Desde su gabinete
han anunciado un informe «político
y legal» sobre el asunto.
Anne Joubert, jefe de Gabinete
de la Oficina de Políticas de Prevención,
Inserción y Acceso a los
Derechos del Gobierno francés,
explica que existe un problema real
porque a rumanos y búlgaros se
les deja trabajar sólo en 150 empleos
y, si no tienen dinero, muchos
caen en la delincuencia. Joubert
señala que no es una situación
exclusiva de Francia sino que el
colectivo gitano es de los peores
integrados de Europa donde, por
cierto, apunta que otros como España
y Reino Unido también impusieron
una moratoria a su libre circulación.
«Estamos indignados. La actitud
de Francia choca de frente con la
Europa social, la de no discriminación
y del trato igualitario. El discurso
utilizado por algunos criminaliza
a esta población», dice Belén
Sánchez-Rubio, directora de
Programas Internacionales de la
Fundación Secretariado Gitano.
El Colectivo Nacional de Derechos
del Humanos Romeurope,
con sede en Francia, ha publicado
un informe en el que denuncia el
abandono de este colectivo. Critican,
entre otras cosas, la sobreprotección
del mercado laboral. Ponen
de ejemplo a España, destino del
50% de los emigrantes gitanos,
frente al 2% que acoge Francia
–según sus datos–, donde pese a la
apertura total no se ha producido
una oleada de llegadas.
Bucarest ha anunciado que pedirá
junto con Francia más fondos
de la UE para su inserción social.
Desde su adhesión en 2007 ha recibido
cuatro millones de euros.
«La cantidad que necesitamos es
mucho mayor que eso y Francia
está de acuerdo, así que presentaremos
juntos nuestra petición», dijo
el ministro de Trabajo rumano,
Mihai Seitan, según la agencia de
noticias Mediafax.
Rumanía vive junto con Grecia
una de las peores situaciones económicas
de la Unión. En marzo de
2009 la Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y el
Banco Mundial acordaron concederle
en concepto de asistencia financiera
una ayuda por valor de
20.000 millones de euros.