Lo peor del horror es cuando se vuelve impredecible. Cuando, por ejemplo, una narcofosa ya no es una narcofosa. Cuando uno tiene que abrir una nueva categoría ante el hallazgo, en la noche del martes, de 72 cadáveres en Tamaulipas, en el noreste de México. Una nueva categoría porque el hecho no se parece a los siete cuerpos encontrados la semana pasada en una mina en Hidalgo, a una hora de la capital mexicana; o a los 55 encontrados en mayo pasado en la turística Taxco (Guerrero), a menos de 200 kilómetros de la metrópoli. Al fin y al cabo, en México saber que de repente aparecen decenas de muertos ya no es noticia. Pero que sean extranjeros cambia mucho las cosas.

A medianoche del martes (mañana de ayer en España), la Secretaría de Marina dio cuenta de un enfrentamiento ocurrido horas antes con delincuentes en un rancho de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas. Después del tiroteo, que se cobró la vida de un marino y tres criminales, los militares hallaron un sembradío de cadáveres: 58 hombres y 14 mujeres, aún sin enterrar. El desencadenante del enfrentamiento había sido, justamente, el testimonio del único sobreviviente de la matanza, que, herido, logró huir y llegar hasta un control militar. Los uniformados se presentaron en el rancho, donde fueron recibidos a balazos por los narcos.

Horas después se supo que el sobreviviente, Luis Freddy Lala Pomadilla, es de origen ecuatoriano. Y que los fallecidos no eran narcos, sino emigrantes sudamericanos y centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos. El ecuatoriano contó que los delincuentes se identificaron como miembros de la organización criminal de Los Zetas, que trataron de extorsionarlos, y que al negarse fueron acribillados. A él lo dieron por muerto, por lo que pudo huir del rancho donde habían sometido al grupo, que ingresó a México por el sureño Estado de Chiapas.

En realidad, lo que contó el sobreviviente no es nada nuevo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los grupos criminales secuestraron a 9.758 migrantes tan solo de septiembre de 2008 a febrero de 2009. La cifra extraoficial, es decir, incluyendo casos no detectados, podría llegar a 20.000 para el mismo periodo.

“Lo que queda claro es que en México hay una criminalización de los migrantes: son un botín para la delincuencia organizada”, explica a EL PAÍS Mario Santiago, director de investigación de Fundación I(de)has. “Todos los días hay secuestros de migrantes que pasan en los trenes que van al norte, se les extorsiona, y a los que no pueden pagar por su liberación se les mata. A las mujeres se les hace trabajar con los secuestradores o se les prostituye. Y la cuota varía, desde 50 pesos [tres euros] hasta miles de pesos, esto último sobre todo cuando tienen familiares en Estados Unidos”. Santiago explica que los narcos tienen casas de seguridad en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde retienen a los migrantes que secuestran. “Pero lo peor es que no hay persecución ni investigación de muchos de estos casos”, dice en entrevista telefónica desde Tapachula, en la frontera con Guatemala.

Aunque el Gobierno del presidente Felipe Calderón pidió esperar al trabajo de los peritos para determinar la identidad de las víctimas, estos sí reconocieron que se podría tratar de ciudadanos de Ecuador, Brasil, El Salvador y Honduras. El portavoz Alejandro Poiré dijo que esta matanza ocurre en el marco del enfrentamiento que en Tamaulipas se da entre el cartel del Golfo y Los Zetas. El funcionario se aventuró a sugerir que algunas organizaciones criminales están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse tanto de recursos económicos como de integrantes. “La actuación del Estado los merma” en su capacidad, dijo Poiré. Por ello estarían atacando a los migrantes.