La Comisión Europea (CE) ha asegurado hoy que está siguiendo las informaciones sobre la deportación de Francia de gitanos originarios de otros países comunitarios, pero ha dejado claro que por el momento no ha recibido ninguna queja “oficial” al respecto.

“Estamos siguiendo las informaciones de la prensa, está claro, estamos viendo lo que pasa y analizando la situación”, ha explicado el portavoz comunitario Matthew Newman, quien ha reiterado el llamamiento de Bruselas a todos los Estados miembros para que apliquen correctamente las normas europeas sobre libre circulación.

Newman ha recordado que la población gitana procedente de países como Rumanía y Bulgaria miembros de la UE “es ciudadana europea como cualquier otra” y por lo tanto esas personas “tienen los mismos derechos que todos los demás” y “pueden vivir, trabajar y estudiar en cualquier Estado miembro”.

Sin embargo, el portavoz ha recalcado que ese principio de libre circulación tiene unos límites y que, por ejemplo, un ciudadano comunitario sin trabajo debe ser capaz de demostrar que tiene recursos suficientes para vivir en otro país y que no será una carga para su sistema de seguridad social.

Newman ha recordado que de cara a las expulsiones cada caso debe ser tratado individualmente por las autoridades nacionales, que deben estudiar aspectos como el tiempo que la persona lleva en el país o sus vínculos con el mismo y tomar una decisión “proporcionada”.

Además, las personas afectadas pueden apelar las decisiones en los tribunales nacionales.

En el caso concreto de Francia, el portavoz ha explicado que Bruselas no tiene por ahora conclusiones sobre el programa de expulsión de gitanos impulsado por el gobierno de Nicolas Sarkozy.

Sí ha insistido Newman en que la directiva de libre circulación es “un pilar de lo que defiende la Unión Europea” y ha subrayado su importancia y los beneficios que genera para los ciudadanos comunitarios.

Según organizaciones de derechos humanos, Francia deportó el pasado año 9.800 gitanos a Rumanía y Bulgaria, una media de unas 25 personas al día.

Esa política se ha visto acelerada en las últimas semanas con el desmantelamiento de campamentos gitanos, lo que ha despertado múltiples críticas a la política de Sarkozy.