Al Gobierno francés se le multiplican los frentes por las controvertidas expulsiones de gitanos a Rumanía y Bulgaria. La Iglesia católica ha sido la última institución en mostrar su malestar por las medidas adoptadas por Nicolas Sarkozy contra lo que su Gobierno considera inmigración ilegal. Las autoridades galas no permanecieron impasibles ante las críticas procedentes de los representantes religiosos, entre los que figura el propio Papa Benedicto XVI. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, salió ayer al paso de los comentarios para intentar sofocar la polémica.
«Estoy dispuesto a recibir, si él lo desea, al presidente de la Conferencia Episcopal, acompañado de quien quiera». Con esas palabras invitaba Hortefeux al también cardenal y arzobispo de París, André Vingt-Trois, a un encuentro destinado a analizar la situación. La respuesta del prelado no se hizo esperar.
En un mensaje enviado ayer y dirigido a los medios locales transalpinos, Vingt-Trois tomaba la palabra de Hortefeux al aceptar su oferta de diálogo. La propuesta del ministro del Interior tiene lugar después de haber escuchado «con atención» las alusiones del sumo Pontífice respecto a las medidas que afectan al colectivo romaní. El Papa instó a respetar las «legítimas» diferencias humanas.
A ello se suman las condenas realizadas por dos miembros de la Iglesia católica contra el Ejecutivo galo. Arthur Hervet, sacerdote de la localidad de Lille, al noroeste del país, aseguró incluso que reza para que Sarkozy tenga una crisis cardiaca que le impida continuar su «guerra» contra los gitanos.
El ministro de Inmigración, Eric Besson, mostró su desconcierto por las reacciones que han desatado la decisión de deportar a 700 gitanos y desmantelar 300 campamentos ilegales en un plazo máximo de tres meses. «Se habla de nazis, fascismo, deportación. Da la impresión de que estamos en la Segunda Guerra Mundial», afirmó.
Críticas injustas
Besson calificó de «muy injustas» las críticas vertidas hacia el Ejecutivo galo y añadió que las autoridades del país actúan «mucho mejor que sus socios europeos en materia de ayuda a la reinserción». Paralelamente, aseguró que Francia destaca en el mundo entero por ser el país que aplica las normas «más respetuosas» para los extranjeros en situación irregular.
Los intentos por mitigar los ataques verbales hasta ahora no han dado resultados. El ex primer ministro, Dominique de Villepin, cargó ayer contra las autoridades en un artículo publicado en ‘Le Monde’. «En la bandera francesa hay una mancha de vergüenza causada por la deriva inaceptable del Gobierno en su política de seguridad», sentenció.
Villepin, jefe del Ejecutivo cuando Sarkozy era ministro del Interior, tildó la medida del actual mandatario de «nada eficaz». «Estas acciones no tienen más objetivo que la provocación y la división», aseguró. Al mismo tiempo hizo un llamamiento a la población para que muestre su total repulsa ante el presidente galo, al que acusó de actuar por «intereses personales».
La postura del ex primer ministro socialista, Lionel Jospin, fue igual de contundente. El político calificó de «peligrosa» la estrategia y alertó de que será un «fracaso». Jospin acusó además de negligente al Gobierno por la escasa presencia de fuerzas de seguridad en los «barrios difíciles».