Especial para EL MUNDO

El autobús se detiene en mitad de la noche. Un policía armado sube al vehículo y recorre el pasillo apuntando con la linterna uno a uno el rostro de los 50 pasajeros que salieron hace horas de Chiapas y van rumbo al norte medio dormidos. A los de piel morena y ropas desgastadas los obligan a bajar sin más explicaciones que un movimiento de cabeza que apunta hacia la puerta. A los de piel blanca ni siquiera nos piden los papeles.

Una vez abajo, deben cantar el himno mexicano o identificar a la virgen de su pueblo para averiguar si son mexicanos o centroamericanos. Los que no pueden demostrar su origen son retenidos y, horas más tarde, deportados. La apariencia física ha sido el único criterio para seleccionar a los pasajeros y dejar que, 20 minutos después, el autobús continúe medio vacío su camino.

México levanta la voz, el presidente Calderón habla de «racismo», los grupos se niegan a tocar en Arizona, los intelectuales denuncian la persecución a los inmigrantes, la iglesia muestra su rechazo y el Gobierno recomienda no viajar a ese estado norteamericano tras la entrada en vigor de la ley SB 1070.

Una ley que llega a la calle mutilada en sus puntos más polémicos por orden de una juez federal, quien impidió entre otras cosas que la policía pueda pedir la documentación a cualquier inmigrante sospechoso de no tener papeles. Pero aunque la ley indigne en el país azteca, ése es precisamente el criterio que se aplica con los 100.000 centroamericanos (casi tres veces más según datos no oficiales) que cada año pasan por México camino de EEUU.

Según los analistas, México carece de una estrategia que ordene los flujos migratorios y sus métodos son criticados por violaciones a los derechos humanos, aún más graves y masivas que las que denuncia en contra de sus paisanos en EEUU: muertes, robos, secuestros, violaciones, extorsiones, abuso policial y nulo acceso a la Justicia.

Una realidad denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional o por Fabienne Venet, directora del Instituto sobre Migraciones, que calcula que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el viaje a la frontera norte, según el informe Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México.

Desde hace tiempo los gobiernos de El Salvador, Guatemala u Honduras hablan de «preocupación», mientras que sus ciudadanos más pobres se describen «aterrorizados». Y no se refieren a Arizona, sino al paso previo de atravesar México. Los emigrantes coinciden en que si has llegado a Estados Unidos sin que te roben o violen es que no has cruzado México.

Así están las cosas en el mayor corredor migratorio del mundo. La Comisión de Derechos Humanos de México (Defensor del Pueblo) reveló que en los últimos seis meses de 2009, cerca de 10.000 centroamericanos fueron secuestrados durante su tránsito por México.

El informe indica que a diario son secuestrados 50 centroamericanos y que en estos delitos están involucradas bandas organizadas y autoridades, que obtuvieron unos 25 millones de dólares en rescates. Un asunto al que ni Calderón ahora, ni Fox ni Zedillo antes, han prestado atención a pesar de ser el mejor caldo de cultivo para el reclutamiento de nuevos sicarios al servicio del narco.

Casi todos los abusos se concentran en estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, por donde pasa La Bestia, un tren de mercancías en el que cada año mueren o quedan mutilados decenas de campesinos que se encaraman a él para recorrer el largo país en su camino al sueño americano. Pero cuando éste se detiene y el inmigrante vuelve al camino, la máquina de extorsión, robo y abusos se llama policía mexicana.