MADRID. – En concreto, la Fundación Secretariado Gitano ha remitido
cartas “a los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia”, para que
“defiendan lo que ha estado haciendo España durante la presidencia de la Unión
Europea, que es promover las políticas de inclusión social con la comunidad
gitana”.

El presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro
Rodríguez, ha afirmado que “no tiene sentido” que países punteros
en la construcción de Europa y en la salvaguarda de los derechos de los
ciudadanos “sigan haciendo expulsiones” y ha destacado la “gran diferencia” con
España.
Además, ha dicho que “lo que más grave” es el mensaje que se lanza,
“mezclando criminalidad, con ilegalidad e inmigración, que lo único que consigue
es estigmatizar a los gitanos y cargarles de estereotipos”.

Por su
parte, el secretario general de Unión Romaní, Manuel García, ha coincido a la
hora de señala que lo que ocurre en Francia “no tiene parangón con España”, ya
que “lo que ha hecho el país galo es coger al grupo más débil para tapar el
resto de problemas con una cortina de humo”.

Por su parte, el Ministerio
de Sanidad y Política Social ha destinado 5,76 millones de euros para
subvencionar programas de cooperación y voluntariado para la integración laboral
y social del colectivo gitano con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Por otro lado, los
partidos políticos también han reaccionado ante la actuación del gobierno
francés. Así, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Inmigración en el
Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado que Francia actúa “en
virtud de su propia legislación y legitimidad” para deportar a ciudadanos
rumanos de etnia gitana que no tengan permiso de trabajo, aunque ha advertido de
que el país galo, con esta medida, “traslada el problema” al resto de los
miembros de la Unión Europea (UE).

Por su parte, la portavoz del Grupo
Socialista en la Comisión de Inmigración en el Congreso de los Diputados,
Esperanza Estévez, ha calificado de “insolidaria” la ley aprobada en Francia
para deportar a los ciudadanos rumanos de etnia gitana sin contrato de trabajo y
ha acusado al Ejecutivo de Nicolás Sarkozy de “incentivar la xenofobia” y
“alentar a la extrema derecha” europea.