París. Francia deportó en 2009 a 9.800 gitanos a Rumanía y Bulgaria, es decir, una media de unas 25 personas al día, según el responsable para ese colectivo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quien entiende que la diferencia es que ahora París no esconde su cara “racista”. Según el encargado de la misión sobre los gitanos en la FIDH, Malik Salemkour, la diferencia entre la actitud francesa y la de otros socios europeos que llevan a cabo el mismo tipo de acciones, como el Reino Unido, Dinamarca o Bélgica, es que Francia practica una “política de estigmatización” y “lo dice oficialmente”.

Tras una deportación inicial de cerca de un centenar de gitanos a Rumanía el jueves, ayer se llevó a cabo la expulsión de otros 130, hasta completar una lista de unas 700 personas que abandonarán el país en los próximos días. Desde el Gobierno insisten en que se van sin ser forzados, acogiéndose al programa de ayudas al retorno, es decir, con un billete de avión y 300 euros por adulto y 100 euros por menor. Ante las críticas, el ministro de Inmigración, Eric Besson, aseguró que Francia “no tiene lecciones que recibir” y subrayó que su país se encuentra “entre los más respetuosos de Europa en materia de derechos para los extranjeros”. Para el responsable del colectivo en la FIDH, sin embargo, “no hay soluciones romanís (gitanos originarios del este de Europa) ni hay soluciones gitanas” sino que hay “soluciones de cara a una cuestión de vivienda, a una cuestión de escolarización o de acceso al empleo”.

Desde la FIDH se critica también la “amalgama” que confunde a nómadas con gitanos, romanís, zíngaros o rumanos y que hace que parte de la opinión pública piense que “todo el mundo es un ladrón”. La solución, dice la organización de defensa de los derechos humanos con sede en París, pasa por “la igualdad de derechos de los inmigrantes rumanos y búlgaros con los otros”, ya que en Francia existe un régimen transitorio para los ciudadanos de esos países que hace que no tengan acceso al empleo como un polaco, un húngaro y, por supuesto, un español o un italiano". Rumanía y Bulgaria forman parte de la Unión Europea desde enero de 2007 pero, como ocurre con cualquier nuevo estado miembro, algunos socios les aplican periodos transitorios con restricciones, fundamentalmente en materia de trabajo. Para Salemkour hay que asumir “que dormir en la calle, sea un francés o un extranjero, es inaceptable” al igual que el hecho de que “un niño no esté escolarizado”, independientemente del colectivo al que pertenezca, para evitar la “segregación”.