AUNQUE Francia se apoya en un estudiado respeto a la legalidad para justificar su expulsión de gitanos búlgaros y rumanos, bajo esa decisión late un espíritu racista. El Gobierno de Sarkozy inició ayer su programa de repatriación voluntaria incentivada con 300 euros a cada gitano que se vaya. La polémica campaña no atenta contra la libertad de circulación en la Unión Europea, como arguyen sus detractores, porque, gracias a una moratoria, Francia puede deportar a los búlgaros y rumanos sin medios de subsistencia que lleven más de tres meses en el país. Eso sí, nada impide que luego regresen para quedarse otros tres meses. En cualquier caso, el cumplimiento del marco legal no camufla la vocación xenófoba de una iniciativa que ha reprobrado el Vaticano en un momento en el que muchos han reaccionado con medias tintas o mirando hacia otro lado. «No se puede arremeter contra comunidades enteras sin estudiar la situación particular de cada individuo», dijo ayer la Santa Sede. El Gobierno francés olvida que no puede tratar a unos ciudadanos europeos como extranjeros en la Eurozona.