París. El Gobierno francés está cumpliendo a rajatabla las órdenes del presidente, Nicolas Sarkozy, de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos y, pese a las crecientes críticas desde dentro y fuera de Francia, comienza a deportarlos a partir de este mismo jueves.

Un primer avión con 79 gitanos a bordo partirá hoy con destino a Rumanía, al que seguirán otros dos, el próximo día 26 y “a finales de septiembre”, hasta cumplir el cupo de, por lo menos, 700 personas deportadas, tal y como anunció el ministro del Interior, Brice Hortefeux.

Es él quien dirige la ofensiva contra el colectivo “romaní”, como se llama en Francia a los gitanos de Europa del Este, que el pasado 28 de julio lanzó el propio Sarkozy cuando anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país en un plazo de tres meses.

No ha pasado ni un mes y ya se han desalojado más de 50 instalaciones de este tipo, con sus respectivos integrantes.

Ahora llega el momento de la deportación o el “retorno voluntario”, como precisa el ministro de Inmigración Eric Besson, en declaraciones recogidas ayer por el diario Le Parisien, en las que subraya que no puede hablarse de expulsiones.

El periódico cita una fuente oficial, según la cual “hay regularmente vuelos como estos”, con extranjeros que se inscriben en el programa de ayudas al retorno.

Según el Gobierno, son deportaciones “voluntarias” de inmigrantes que aceptan irse, a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto ó 100 euros por niño, y que, en muchos casos, acaban volviendo a Francia.

Por otra parte la Comisión Europea recordó a Francia que existen reglas comunitarias “muy claras” sobre la protección de los ciudadanos que debe “respetar”.

Francia debe “respetar” las reglas de libertad de circulación y de libertad de establecimiento de la UE, según recordó Matthew Newman, portavoz de la comisaría de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Redung. Entre las exigencias de las normas comunitarias figura que las expulsiones sean estudiadas “caso por caso” y que se demuestre que la persona afectada plantea problemas en áreas como la seguridad o la salud pública del país.