Donostia. El Ayuntamiento de Eibar ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación para favorecer la reinserción de los menores extranjeros que muestran una conducta más problemática. Se trata de una experiencia pionera en el territorio. Dos días a la semana, los ocho usuarios del caserío Aixola, para menores extranjeros con conductas disruptivas, en el término municipal de Elgeta, acuden a un centro gerontológico de Eibar para realizar trabajos en una huerta ubicada frente al hospital. “Hemos roto una lanza a favor de ellos”, señalaba ayer Nerea Alustiza, teniente de alcalde en funciones de la localidad.

Tras la tempestad llegó la calma. Cinco meses han transcurrido desde que seis chavales de este centro protagonizaron un motín con el saldo de tres monitores heridos, un caso que volvió a suscitar una alarma que se venía gestando desde tiempo atrás y que no contribuyó sino a ahondar aún más la brecha que se venía abriendo en la sociedad. Aquella imagen, que enervó los ánimos de los alcaldes de Eibar, Ermua y Elgeta, pidiendo incluso que se reconsiderara la reubicación del centro, parece hoy un recuerdo lejano. Y no han pasado más que cinco meses.

Desde entonces, la suerte que han seguido los tristes protagonistas de aquel altercado ha sido bien distinta. Uno de ellos continúa en el centro de reforma de Ibaiondo, en Zumarraga, otro está emancipado por cumplimiento de mayoría de edad (aunque sigue en reforma) y un tercero fue derivado a un centro de Madrid conveniado con la Diputación. El Ejecutivo foral explica que se tomó aquella medida al entender que “era necesario el traslado”. Tres de los chavales que no participaron en el altercado continúan en el centro de Aixola, y son parte del grupo que participa de la nueva iniciativa.

Sin altercados La Diputación asegura que actualmente el rendimiento en el centro está siendo “francamente bueno”, algo que también parece estar dejando su impronta a pie de calle. “A día de hoy no tenemos ni un solo problema por altercados”, confirmaba ayer el jefe de la Guardia Municipal de Eibar, José Miguel Calle, que llegó a contabilizar el año pasado unas 300 actuaciones policiales por los constantes episodios delictivos protagonizados por “ocho o diez personas”.

Pese a todo, la aparente vuelta a la normalidad no consigue acallar los insistentes “bulos” que circulan por las calles de la villa armera, que sitúan con frecuencia a estos menores en la diana de unas agresiones que luego resultan no ser tal, según confirman desde el propio Consistorio. La alarma social que se suscitó sigue todavía muy viva, y hay vecinos que incluso han dejado de frecuentar el impagable paseo de la presa de Aixola, a pesar de que se haya rebajado la tensión, desapareciendo el ambiente conflictivo que se respiraba en otro tiempo. A pesar de todo ello, el Ayuntamiento ha recibido denuncias por supuestas agresiones protagonizadas por estos menores que, con el tiempo, resultan ser infundadas. “En otro tiempo hubo motines e incendios, pero se ha creado un miedo social, una mancha negra que era preciso lavar”, reconoce la teniente de alcalde.

El objetivo del Consistorio eibartarra ha sido claro al firmar el convenio. La experiencia, que tiene vigencia para este mes aunque puede ser prorrogable, busca favorecer la reinserción social de los chavales. Para ello, realizarán durante este mes diferentes trabajos como los que llevan a cabo dos días a la semana, lunes y miércoles, en el Gerontológico de San Andrés.

Un doble objetivo El jefe de Servicio de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Diputación, Patxi Agiriano, asegura que al impulsar esta iniciativa se han propuesto un doble objetivo: por un lado, “que la sociedad visualice que son chavales que tienen dificultades pero que con una buena intervención educativa salen hacia delante”. En segundo lugar, han querido lanzar un mensaje a los propios chavales: “tienen que darse cuenta de que todos somos parte de la sociedad y todos tenemos que poner de nuestra parte. Entre todos tenemos que colaborar. Ahora, gracias a esta iniciativa, lo están haciendo ellos con la tercera edad, y es algo muy interesante”.

El punto de inflexión La puesta en marcha de esta iniciativa se produce cinco meses después de un marzo especialmente fecundo en polémicas relacionadas con los menores extranjeros, un mes que supuso un punto de inflexión hacia la paulatina normalización. Arrancaba el mes (4 de marzo) con la presentación en Donostia por parte de SOS Racismo de un informe que recogía el testimonio de 26 de jóvenes acogidos en el centro de Oilur, que gestiona la Diputación de Gipuzkoa en Deba. El documento, con el que se denunciaba que “el centro no garantiza el respeto de los derechos”, supuso un fuerte varapalo para el Ejecutivo foral.

Días después, la Diputación respondió a las acusaciones. En una rueda de prensa sin precedentes y con el apoyo de una treintena de educadores de centros de acogida, pidió respeto a su trabajo desmintiendo la versión de SOS Racismo. Dos días más tarde llegaba la sorpresa cuando seis menores del centro de Elgeta protagonizaron un motín con el saldo de tres monitores heridos.

El 15 de marzo, los alcaldes de Eibar, Ermua y Elgeta expresaron su malestar por los graves incidentes, pidiendo que se reconsiderara la reubicación del centro. La guinda la ponía el 24 de marzo la consejera de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, al declarar que había menores que delinquían para evitar los centros forales. El mes se cerró con el anuncio de un nuevo marco de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Diputación. Desde entonces, la normalidad ha sido la tónica dominante.