DANIEL G. SASTRE / Barcelona
La proximidad de las elecciones catalanas,
previstas para después del
verano, está haciendo que los partidosmarquen
perfil propio para diferenciarse
de sus competidores. Máxime
si las encuestas prevén unos
malos resultados, como le sucede a
Esquerra Republicana. Ayer, un dirigente
de ese partido y consejero
de la Generalitat, Josep Huguet, animó
al Gobierno catalán a «amparar
la insumisión» jurídica si el Tribunal
Constitucional (TC) acaba anulando
la Ley de Acogida de Cataluña.
La decisión de la defensora del
Pueblo en funciones, María Luisa
Cava de Llano, de recurrir esa norma,
que establece ayudas para obtener
la nacionalidad a inmigrantes
que demuestren conocer la lengua
catalana, ha puesto de nuevo en pie
de guerra al tripartito y a CiU. Pero
Huguet siguió ayer siendo, por segundo
día consecutivo, quien fue
más lejos en sus palabras.
El titular de Innovación de la Generalitat
aseguró que «hay cosas
que no se pueden aplicar», en referencia
a un hipotético fallo del TC
contrario a la Ley de Acogida. «Se
tiene que ir hasta los tribunales, o
hasta donde haga falta, para no
aplicarlas», añadió. Fue al hilo de
esa argumentación cuando dijo que
el Govern tiene que amparar
«la insumisión»
jurídica. Un día antes
había llamado «falangista
» a Enrique Múgica,
pensando que era él
quien había presentado
el recurso.
Estas palabras valieron
para que el portavoz
adjunto del PP en
el Parlament, Josep
Llobet, pidiera su dimisión
por su «irresponsable
» llamamiento a la
insumisión jurídica.
También pidió que «los
antisistema dejen de
decidir en el Gobierno
de la Generalitat».
En opinión de Huguet,
la sentencia del
TC sobre el Estatuto
–muy criticada por los
partidos catalanes que apoyaron el
texto, y también por ERC aunque no
lo apoyó– provocará que «entremos
en una fase donde los conflictos jurídico–
políticos entre Cataluña y España
estarán a la orden del día». El
consejero vaticinó también episodios de «insumisión civil» o, como él
lo llamó, «una guerrilla» para defender
las leyes emanadas del Estatuto.
«La única forma de no volver
atrás y de que la convivencia entre
España y Cataluña no se rompa es
incumplir sistemáticamente cualquiera
de estas sentencias», añadió
en declaraciones a Rac1. También
afirmó que el hecho de que la defensora
del Pueblo «quiera atar de pies
ymanos» a la Generalitat para que
«no pueda abordar la inmigración
desde sus responsabilidades» provocará
«un choque de legitimidades».
Defensora «provisional»
El resto de partidos que sostienen el
Gobierno catalán también criticaron
la decisión de Cava de Llano. El
consejero de Política Territorial, el
socialista Joaquim Nadal, se quejó
de que sea una defensora del Pueblo
«provisional» –Cava de Llano
sustituyó a Enrique Múgica el 1 de
julio a la espera de un acuerdo entre
partidos para la sucesión– quien
presente el recurso. Sin embargo, el
plazo legal para llevar la Ley de
Acogida al TC expiraba el 13 de
agosto, precisamente el día en que
lo hizo la defensora del Pueblo.
Siguiendo ese mismo razonamiento,
Nadal dijo que debería ser
un TC renovado quien dictamine
sobre la norma, porque los actuales
magistrados «han demostrado
que, pese a tener mermadas sus
capacidades, son capaces de dictar
sentencia contra la voluntad del
pueblo y las instituciones de Cataluña
», en referencia a la sentencia
del Estatuto.
Por su parte, el candidato de ICV a
las autonómicas, Joan Herrera, pidió
la dimisión de Cava de Llano por recurrir
la Ley de Acogida. A su juicio,
esta decisión es una «vergüenza»
porque «atenta contra la convivencia
y el autogobierno» de Cataluña.
Pese a estar en la oposición, CiU
no fue menos dura. El número dos
de Convergència, Felip Puig, dijo que
el recurso contra la Ley de Acogida
implica el final de una etapa en las
relaciones entre Cataluña y España.
Además, defendió que el catalán sea
la lengua de integración porque él
aspira a que Cataluña sea «un país
normal en Europa y en el mundo».
Además, Puig celebró la reacción
de los consejeros de ERC en el sentido
de que van a seguir aplicando la
norma diga lo que diga el TC. «Pero
hubiera preferido que no fuera sólo
ERC, sino también sus socios del
Govern», dijo en referencia al PSC.

Valencia, contra
«la imposición»
«La Ley de Acogida de Cataluña
es un mal modelo para la
convivencia». La Generalitat
valenciana, pionera en la
creación de una norma sobre
inmigración, no ha tardado
en entrar en la polémica generada
por la ley catalana. El
consejero de Solidaridad y
Ciudadanía, Rafael Blasco,
afirmó ayer a ELMUNDO que
la norma aprobada por el Parlamento
catalán «rompe la libertad
del ciudadano» porque
«la imposición siempre
es un mal camino para la convivencia
»