Los primeros 79 gitanos de la Europa del Este comunitaria parten hoy en un avión regular hacia su país después de haber aceptado la ayuda al retorno de 300 euros propuesta por el Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional francés. Este vuelo irá seguido de varios más hasta fin de mes hacia Rumanía y Bulgaria, también mediante aerolíneas privadas y aeropuertos públicos, hasta completar un total de 700 personas expulsadas, según el ministro del Interior, Brice Hortefeux, quien prevé continuar con esta operación en septiembre. El titular de Inmigración, Éric Besson, sin embargo, recordó que el de hoy será el vuelo número 25 de su ministerio con el mismo objetivo.

De hecho, en todo el 2009 las autoridades francesas ya expulsaron a alrededor de 10.000 rumanos y búlgaros en 44 vuelos. Para evitar que las mismas personas vuelvan a instalarse en territorio francés, porque como ciudadanos de la UE tienen derecho a la libre circulación, el Ministerio de Inmigración prevé introducir la biometría en su fichero Oscar, que controla a quienes se benefician de las ayudas al retorno.

Tras el desalojo ya de medio centenar de poblados de chabolas y casas ocupadas, la práctica está levantando inquietud incluso en cargos de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, derecha), el partido del presidente Nicolas Sarkozy. El miembro del Gobierno que ha ido más lejos en sus declaraciones ha sido el ministro de Industria y alcalde de Niza, Christian Estrosi, quien propuso castigar con multas a los ayuntamientos que no cumplan con ciertas tareas de seguridad.

PALOS POR TODOS LADOS / Esta propuesta ha recibido no solo el rechazo de los alcaldes de izquierda, quienes soportan mayoritariamente el problema de las chabolas en los suburbios, sino incluso de representantes de la derecha. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, Jacques Pélissard, de la UMP, considera que esta idea «no es ni realista ni aplicable». El propio alcalde de Burdeos, Alain Juppé, exmiembro del Gobierno de Sarkozy, alerta en su blog contra «las exageraciones». Juppé, además, vive un conflicto en su municipio porque 140 familias nómadas, de nacionalidad francesa, no aceptan el terreno que les propone para sus caravanas. Burdeos, como la mitad de las comunas de más de 5.000 habitantes, todavía no ha habilitado áreas especiales tal como obliga una ley desde el año 2000.

Varios diputados de la UMP cercanos al exprimer ministro Dominique de Villepin, por otra parte, se han manifestado en contra de la asimilación que el Gobierno está haciendo entre inmigración y delincuencia y de las prácticas policiales para el desmantelamiento de campamentos. Finalmente, el presidente de un área metropolitana en la periferia noroeste de París, Pierre Cardo (también de la UMP), ironizaba en el diario Libération con que alcaldes como el de Niza deberían cambiarse con los de poblaciones como la suya para gestionar los temas de seguridad.