Los gitanos expulsados de Francia son en su mayoría inmigrantes rumanos y búlgaros, y como tales, ciudadanos de la UE, pero están sometidos a un régimen transitorio que limita su estancia en territorio galo y su acceso al mercado laboral. Estos ciudadanos pueden entrar en Francia sin ninguna formalidad particular, y permanecer durante tres meses sin tener que justificar una actividad. Pero si quieren permanecer más allá de ese período, deben tener un empleo, seguir estudios o justificar recursos suficientes, y contar con un seguro de enfermedad. Solo pueden ser expulsados antes de los tres meses en caso de alteración del orden público o de coste «poco razonable para el sistema social».