No pisó la frontera de Beni – Enzar, el epicentro de una particular crisis diplomática de compleja definición, pero el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, aseguró ayer en Melilla que a ambos lados de esa verja que separa España de Marruecos la «tensión es máxima» y que la única culpa es del Gobierno, pues «ha abandonado» a los melillenses a su suerte.

Sin bajar del coche, «para ser discreto y no provocar», el dirigente conservador, acompañado del presidente de la ciudad autónoma, el también popular Juan José Imbroda, apenas se acercó al puesto de Beni – Enzar. Si hubiera puesto un pie allí, habría comprobado que la tranquilidad reinó durante toda la jornada a la espera de la manifestación de camioneros que debía comenzar a las once de la noche para protestar contra no se sabe muy bien qué, porque el origen de este opaco conflicto nunca ha estado del todo claro.

EFECTO PUBLICITARIO / A falta de carteles ofensivos contra las policías que trabajan en la frontera colgados en la tierra de nadie –los activistas los han retirado en las últimas horas, bien por la amenaza de lluvias, bien porque ya han conseguido un efecto publicitario–, González Pons mostró uno en la rueda de prensa que ofreció y acusó nuevamente al Gobierno de dejar desamparadas a las funcionarias y de permitir que se las humille por el hecho de ser mujeres.

El dirigente popular aterrizó en Melilla el lunes con la idea de salvar a la ciudad autónoma del «abandono» al que la ha sometido el Gobierno. Y desempeñó el papel que más le gusta: el de azote de un Ejecutivo que por cuestiones «de estrategia diplomática y sentido común» ha guardado silencio los últimos días, según un colaborador del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el próximo lunes viajará a Rabat con el convencimiento de que «resolverá el problema para recuperar la situación de hace 10 días».

Y no aspira a mucho más, según las fuentes diplomáticas consultadas. Tanto González Pons como los sindicatos policiales, con los que este se reunió por la mañana, han puesto énfasis en la necesidad de que España restituya la neutralidad de los escasos 50 metros que separan una frontera de la otra, que deberían ser tierra de nadie y que en realidad son de uso y disfrute de la policía marroquí y los activistas a los que ampara.

SILENCIO DE RABAT / Pero la situación viene de tan lejos y está tan consolidada en la franja fronteriza, que a los melillenses les sorprende la convulsión mediática que el conflicto ha generado en la Península y el Gobierno tampoco se plantea que la policía española controle ahora una zona que hace 10 días no controlaba, sobre todo «tras un problema muy complejo y con más vericuetos que los que aparecen a la luz». Porque, por ejemplo, ¿cuál es el papel del Ejecutivo de Marruecos? Tras las cinco quejas formales a raíz de lo que definió como «abusos policiales» en Beni – Enzar, enmudeció después de la llamada del Rey al monarca alauí, pero sigue tolerando las exhibiciones de presunta defensa de los derechos humanos en su lado de la frontera.

Volver a la situación de hace 10 días significa para el Gobierno limpiar de pancartas y activistas la franja que separa los dos pasos, que no se repitan los bloqueos de mercancías y, lo más importante para Interior, que se reactive la repatriación de inmigrantes en situación irregular capturados nada más entrar en España, frenada por Rabat por la crisis. De hecho, la semana pasada la Guardia Civil interceptó cerca de Ceuta una embarcación a la deriva con ocho sin papeles, lo que no deja de ser un ejemplo de esa actitud indiferente de la policía de Marruecos pues a pesar de que la lancha fue avistada en sus aguas y de que el Instituto Armado alertó, los agentes marroquís se limitaron a fotografiar la escena.

Recuperar esa relación de tira y afloja permanente con gestiones discretas es la intención del Gobierno, consciente de que el ruido solo beneficia a Marruecos. De ahí que el dirigente socialista Antonio Hernando acusara ayer a González Pons de ser un «agitador profesional».